Claudia Carrasquilla está formalmente acusada de falsedad ideológica en documento público agravada y fraude procesal. La Fiscalía anunció registros carcelarios, declaraciones juradas y grabaciones judiciales como parte de los elementos que pretende utilizar en el juicio.
Mientras el presidente Abelardo de la Espriella convierte las capturas de presuntos delincuentes en uno de los principales símbolos de su política de mano dura, una de las altas funcionarias de su propio Gobierno enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con la administración de justicia.
Se trata de Claudia Victoria Carrasquilla Minamí, viceministra de Defensa y recomendada de Federico Gutiérrez quien formalmente está acusada por la Fiscalía de falsedad ideológica en documento público agravada y fraude procesal.
Durante las audiencias preparatorias del 29 y 30 de octubre, ante el Tribunal Superior de Valledupar, la Fiscalía anunció elementos probatorios que incluyen declaraciones juradas, registros de ingreso a establecimientos penitenciarios, certificaciones oficiales, órdenes de captura y grabaciones de audiencias judiciales.
Uno de los aspectos más delicados del expediente es la presunta utilización de declaraciones judiciales en las que aparecía la firma de Carrasquilla, pese a que registros penitenciarios examinados en una actuación disciplinaria anterior no acreditaban su ingreso a la cárcel en las fechas correspondientes.
La investigación busca determinar si esas actuaciones fueron utilizadas para inducir a error a las autoridades judiciales en un proceso contra un integrante de la Policía.
¿La mano dura también aplica para los altos funcionarios?
El contraste político resulta inevitable. Mientras el Gobierno promueve una imagen de implacabilidad frente a la delincuencia, Carrasquilla continúa ocupando un cargo estratégico en el Ministerio de Defensa pese a enfrentar una acusación penal formal.
No se trata de una simple denuncia en redes sociales ni de rumores de adversarios políticos: existe un proceso judicial en curso, con una acusación presentada por la Fiscalía y un juicio cuya preparación avanza ante un tribunal. ¿por qué la mano dura que exhibe frente a los capturados no viene acompañada de la misma exigencia de rendición de cuentas para los funcionarios de su administración?
