La salida del programa de Camila Zuluaga de Blu Radio volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué está pasando con las voces críticas frente al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella?
La periodista había sido una de las voces más críticas del entonces candidato presidencial y, durante la campaña, denunció que De la Espriella había vetado su espacio y dado instrucciones para que su equipo no respondiera sus solicitudes periodísticas. Dos días después de la victoria electoral, el 23 de junio, Zuluaga publicó en sus redes: “Sé que están pidiendo nuestra cabeza”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había advertido durante la campaña sobre los ataques y descalificaciones contra periodistas que investigaban o cuestionaban a De la Espriella. Entre los casos señalados estuvieron periodistas como María Jimena Duzán, Julián Martínez, Melquisedec Torres y Daniel Coronell.
Pero las alertas no terminaron con las elecciones.
En julio, la FLIP denunció una serie de ataques digitales contra medios y periodistas que habían publicado información relacionada con el presidente electo. Entre ellos estuvieron Rutas del Conflicto y RTVC. Para mediados de ese mes, la organización había documentado 13 ataques digitales contra periodistas y medios en lo corrido de 2026, siete de ellos concentrados en apenas tres semanas.
Y hay otro episodio especialmente delicado: la suspensión de la programación informativa y territorial de las 20 Emisoras de Paz. Las estaciones comenzaron a transmitir música centralizada desde Bogotá, dejando de lado contenidos informativos producidos para las comunidades de los territorios donde funcionan.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa cuestionaron la decisión porque estas emisoras cumplen una función fundamental en zonas rurales y comunidades afectadas históricamente por el conflicto. La FLIP advirtió que la medida restringe el acceso de miles de personas a información sobre sus propios territorios.
El Gobierno, por su parte, sostiene que se trata de una reorganización de los medios públicos y que busca revisar contenidos, contratos y formatos para garantizar independencia y pluralidad.
Sin embargo, la preocupación permanece.
Porque la libertad de prensa no se amenaza únicamente cuando un Gobierno ordena cerrar un medio. También puede deteriorarse mediante vetos, estigmatización, ataques digitales, restricciones al acceso a la información o decisiones que reduzcan los espacios para las voces independientes.
El caso de Camila Zuluaga, por sí solo, no demuestra una orden de censura presidencial. Pero sumado a las denuncias que ya existen, sí plantea una pregunta que el nuevo Gobierno tendrá que responder: ¿qué lugar tendrán las voces críticas en la Colombia de Abelardo de la Espriella?
Porque en democracia, la prensa no está para aplaudir al poder.
Está para preguntarle, investigarlo y, cuando sea necesario, incomodarlo.
