El presidente dijo que no trabajará con el alcalde de Sincelejo por sus antecedentes judiciales. Sin embargo, su ministro de Vivienda tiene una investigación por peculado, su ministra de Transporte arrastra un expediente por el POT de Barranquilla y su viceministra de Defensa ya fue acusada penalmente.
Abelardo de la Espriella convirtió la lucha contra la corrupción en show y excusa para enfrentar públicamente al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. “¿Usted cree que yo voy a confiar en una persona que tiene 13 procesos por corrupción?”, le dijo el presidente, y agregó que “bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”. Acuña respondió que fue intimidado, reclamó su presunción de inocencia y recordó que dentro del propio Gobierno existen altos funcionarios con investigaciones judiciales.
El caso más reciente es el del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. La Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema asumió en septiembre la investigación por presunto peculado por apropiación relacionada con bienes retirados durante la modernización del alumbrado público de Bucaramanga cuando Beltrán era alcalde. El expediente busca establecer qué ocurrió con aproximadamente 30.000 luminarias y 60 toneladas de material. Paralelamente, un proceso fiscal ha manejado estimaciones de presunto detrimento que llegaron a $46.626 millones en 2026.
También está el caso de la ministra de Transporte, Elsa Noguera De la Espriella. Una investigación iniciada años atrás cuestionó la expedición mediante el Decreto 0212 de 2014 del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla cuando era alcaldesa. La denuncia planteó un posible prevaricato y cuestionamientos sobre modificaciones urbanísticas relacionadas con terrenos de La Loma. En julio de 2026 la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación, pero el asunto quedó para decisión de la Corte Suprema. Por eso no es correcto presentarla como condenada ni afirmar que se apropió de una cantidad determinada de dinero.
La situación judicial más avanzada dentro del alto Gobierno es la de Claudia Carrasquilla Minami, viceministra de Defensa para la Seguridad Nacional. La Fiscalía la imputó el 5 de diciembre de 2024 y posteriormente la acusó por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El escrito de acusación fue presentado el 4 de abril de 2025 y la formulación ocurrió el 20 de mayo. El expediente se refiere a cuatro declaraciones juradas tomadas en cárceles de Valledupar entre 2014 y 2015 que, según la acusación, aparecieron firmadas por Carrasquilla como fiscal aunque ella presuntamente no estuvo presente en las diligencias. Carrasquilla está a la espera de la audiencia preparatoria para ir a juicio y conserva la presunción de inocencia.
El contraste está en el estándar utilizado por el presidente. Frente a Acuña, De la Espriella invocó la existencia de procesos para afirmar públicamente que no confía en él y anunció que buscará mantener recursos nacionales fuera de su control. Frente a integrantes de su propio Gobierno, Beltrán continúa como ministro pese a una investigación por presunto peculado, Noguera ocupa el Ministerio de Transporte mientras la Corte debe resolver la solicitud de preclusión de su expediente y Carrasquilla permanece como viceministra pese a estar formalmente acusada y camino a juicio.
