El senador Alejandro Ocampo presentó el 24 de agosto un derecho de petición para conocer cuánto dinero recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cuál fue su destinación y qué mecanismos de control o auditoría existen sobre esos recursos. Ante la falta de una respuesta que consideró de fondo, acudió a la tutela.
El Juzgado 38 de Familia de Bogotá admitió la acción el 22 de septiembre y vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al Ministerio de Hacienda, a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y a su representante legal, la primera dama Ana Lucía Pineda. El despacho les dio un plazo de 48 horas para pronunciarse y aportar las pruebas correspondientes.
¿Y qué respondió Presidencia?
Según denunció Ocampo, el DAPRE sí presentó respuesta dentro del trámite, pero, en lugar de entregar —según su versión— la información de fondo sobre los recursos, dedicó parte de su escrito a cuestionar la imparcialidad de la jueza que admitió la tutela, haciendo referencia a publicaciones realizadas por ella en su cuenta personal de X.
La afirmación corresponde al senador y hace parte de la controversia actualmente en trámite judicial. Hasta ahora, no existe una decisión que establezca que la jueza haya actuado de manera parcial.
Lo que sí está documentado es que el proceso busca esclarecer información concreta sobre las donaciones: cuánto se recaudó, cómo fueron utilizados los recursos y qué mecanismos de control existen sobre ellos.
Una fundación que recibió donaciones promovidas desde canales oficiales
La Fundación Colombia Luz y Sonrisas fue uno de los canales habilitados para recibir aportes de la campaña “Colombia, Un Solo Corazón”, destinada a apoyar a los damnificados del terremoto.
La cuenta bancaria de la organización fue publicada incluso por Inravisión entre los canales disponibles para realizar donaciones junto con la Corporación El Minuto de Dios y ABACO. (Inravisión Sistema de Medios Públicos)
La propia fundación informa que fue constituida mediante documento privado el 20 de marzo de 2026 y que quedó inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 7 de julio. También asegura contar con una política de transparencia mediante la publicación de soportes, actas de entrega y cuentas de sus campañas. (Fundación Colombia Luz y Sonrisas)
Ese punto hace especialmente relevante la información solicitada: la discusión no es si las donaciones debían ayudar a los damnificados, sino cuánto dinero entró, cómo salió y qué documentos permiten seguir su trazabilidad.
Además, en Barranquilla existe una segunda tutela relacionada con los recursos. Allí se solicitó información sobre el dinero recibido, los gastos efectuados, los bienes adquiridos o entregados y el eventual saldo de las cuentas de la organización.
Por ahora, ningún juzgado ha establecido que exista apropiación, desvío o manejo irregular de los recursos. Los procesos están en curso y buscan obtener información y determinar si fueron vulnerados los derechos invocados por quienes acudieron a la justicia.
La pregunta que permanece abierta es concreta: ¿cuánto dinero recibió la fundación y dónde están los soportes que permitan verificar el destino de cada peso?
