Una nueva alerta humanitaria sacude al norte de Antioquia. Organizaciones sociales, líderes comunitarios y defensoras de derechos humanos denunciaron que el municipio de Briceño atraviesa una grave crisis de seguridad, ambiental y humanitaria marcada por el avance de la minería ilegal, el fortalecimiento de grupos armados y el miedo permanente de las comunidades rurales.
La denuncia fue difundida públicamente por el diputado antioqueño Juancho Muñoz, quien advirtió que la situación en Briceño “se encuentra en un punto crítico” y que las economías ilegales están reconfigurando las dinámicas sociales y culturales del territorio.
Según las alertas conocidas en los últimos días, la minería ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de disputa armada en esta zona del norte antioqueño. Organizaciones sociales señalan que las estructuras criminales buscan controlar corredores estratégicos y rentas ilegales derivadas de la explotación de oro, aumentando los riesgos para campesinos, líderes sociales y periodistas comunitarios.
La situación en Briceño no es nueva. El municipio ha sido históricamente golpeado por el conflicto armado, el narcotráfico y las economías ilícitas. Aunque durante los años posteriores al Acuerdo de Paz se impulsaron procesos de sustitución de cultivos y economías legales, hoy las comunidades denuncian un retroceso alarmante provocado por el fortalecimiento de actores armados ilegales y el negocio de la minería clandestina.
La crisis volvió a quedar expuesta tras el asesinato del periodista antioqueño Mateo Pérez Rueda, encontrado sin vida en zona rural de Briceño luego de cubrir enfrentamientos armados en la región. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y organismos humanitarios denunciaron que el joven comunicador había investigado temas relacionados con corrupción, seguridad y economías ilegales en municipios como Yarumal, Briceño e Ituango.
El presidente Gustavo Petro condenó el crimen y aseguró que el grupo responsable estaría vinculado al control de la minería ilegal en Antioquia, insistiendo en que estas mafias son uno de los principales combustibles de la violencia territorial.
En medio de este panorama, crecieron también las críticas contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Sectores sociales cuestionan que mientras las comunidades denuncian confinamientos, miedo y expansión de economías criminales, desde la Gobernación se mantiene una confrontación política constante con el Gobierno Nacional, pero sin respuestas estructurales frente a la crisis humanitaria que viven varias regiones del departamento.
Las denuncias sostienen que Briceño se está convirtiendo nuevamente en escenario de disputa entre estructuras ilegales que buscan controlar rutas, territorios y explotación minera, mientras cientos de familias quedan atrapadas entre amenazas, desplazamientos silenciosos y ausencia institucional.
La situación también revive el debate sobre la necesidad de una intervención integral del Estado en Antioquia. Desde el Gobierno Nacional se ha insistido en atacar las economías ilegales, fortalecer la presencia social del Estado y proteger a líderes y periodistas amenazados en zonas de conflicto. Sin embargo, organizaciones territoriales advierten que las respuestas locales siguen siendo insuficientes frente a una crisis que ya muestra impactos humanitarios y ambientales cada vez más graves.
Hoy Briceño vuelve a aparecer en el mapa nacional no por oportunidades o inversión social, sino por una combinación explosiva de minería ilegal, violencia armada y abandono institucional que mantiene a las comunidades viviendo entre el miedo y la incertidumbre.
