La política de salario vital impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un cambio de rumbo. El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anticipó que la administración de Abelardo de la Espriella pretende regresar a incrementos determinados principalmente por inflación y productividad, una fórmula que supondría aumentos considerablemente menores al 23 % decretado para 2026.
El salario mínimo de 2026 quedó inicialmente establecido mediante el Decreto 1469 de diciembre de 2025 en $1.750.905, un incremento del 23 %. El Gobierno Petro defendió ese aumento bajo el concepto de “salario vital”, buscando que la remuneración no se limitara a compensar variables macroeconómicas, sino que avanzara en la capacidad de los trabajadores y sus familias para cubrir sus necesidades básicas.
También el Consejo de Estado habría entrado en la estrategia pues suspendió provisionalmente el Decreto 1469 al encontrar, en una evaluación cautelar, problemas en la justificación de la ponderación de los criterios legales utilizados para fijar el incremento. Petro respondió expidiendo el Decreto 159 de febrero de 2026, manteniendo transitoriamente el mismo salario y presentando una nueva motivación. La actuación judicial, sin embargo, corresponde a un control de legalidad y no demuestra que el Consejo de Estado forme parte de una estrategia política coordinada contra el salario vital.
Por su parte Miguel Gómez ha señalado que “el salario debe crecer en la medida en que crece la productividad” y cuestionó incrementos cuatro o cinco veces superiores a la inflación. Si esa posición se convierte en la política salarial del Gobierno De la Espriella, significaría abandonar el criterio extraordinario aplicado en 2026 y regresar a aumentos mucho más cercanos a las variables tradicionales de inflación y productividad.
El propio decreto expedido en 2026 calculó que alrededor de 2,4 millones de trabajadores reciben directamente un salario mínimo, mientras más de seis millones devengan entre uno y dos mínimos. Por eso reducir el ritmo de los futuros incrementos tendría consecuencias directas sobre millones de familias, aunque no implique disminuir nominalmente el salario que actualmente reciben.
Empresarios y sectores económicos cuestionaron el incremento del 23 % por sus posibles efectos sobre costos laborales, inflación y empleo formal. Los defensores del salario vital sostienen, en cambio, que volver exclusivamente a las fórmulas tradicionales puede frenar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. El debate de fondo es precisamente quién absorbe el costo del ajuste: las empresas mediante mayores costos laborales o los hogares mediante incrementos salariales más moderados.
El campo de lo comunicativo también habría entrado en la estrategia de Espriella
También hay una batalla comunicativa alrededor del salario. En redes sociales, medios, gremios, sindicatos y canales oficiales circulan argumentos contrapuestos sobre los efectos del aumento de Petro. Lo que las fuentes disponibles no permiten demostrar es que exista una coordinación entre medios, empresarios y el Consejo de Estado para reducir los salarios; sí permiten documentar que distintos actores han cuestionado el modelo por razones diferentes y que el nuevo Gobierno plantea modificarlo.
Para los aproximadamente 2,4 millones de trabajadores que reciben el mínimo, la diferencia entre ambas fórmulas se traduce directamente en el ingreso disponible de sus hogares: reducir los próximos aumentos significa ponerle freno al crecimiento real del salario y del poder adquisitivo alcanzado.
