El Gobierno colombiano solicitó al Consejo de Seguridad retirar la Reforma Rural Integral de las tareas de verificación de Naciones Unidas. La petición afecta el seguimiento internacional a uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz de 2016: democratizar el acceso a la tierra.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió este 12 de octubre ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la Reforma Rural Integral deje de estar bajo la vigilancia de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. La solicitud, presentada por el canciller Omar Bula, pone en discusión el seguimiento internacional al primer punto del Acuerdo de Paz, precisamente el que busca garantizar tierra, formalización de la propiedad y mejores condiciones de vida para millones de habitantes del campo colombiano.
La tierra está en el origen de la guerra
La concentración de la propiedad rural, el despojo y la exclusión campesina han sido factores fundamentales del conflicto armado colombiano. Por eso, el Acuerdo de Paz de 2016 puso la reforma rural en su primer capítulo, con metas como facilitar el acceso a tres millones de hectáreas y formalizar otros siete millones. No se trata de una concesión secundaria: transformar las condiciones del campo es parte de las garantías para que la violencia no se repita.
Ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, Bula sostuvo que la reforma rural es una política de largo plazo que debe quedar bajo la responsabilidad de las instituciones colombianas. Según el canciller, el Gobierno no pretende abandonar las obligaciones del Acuerdo, sino modificar el mecanismo internacional que vigila su cumplimiento. La propuesta fue coordinada, de acuerdo con su intervención, con el Ministerio de Agricultura.
Millones de hectáreas siguen pendientes ¿Quién le responderá a los campesinos?
La solicitud llega cuando Colombia todavía está lejos de cumplir las metas pactadas. Según cifras citadas por El País en su investigación del 9 de octubre, de los tres millones de hectáreas previstos para adjudicación se habían entregado cerca de 75.000, mientras que la formalización alcanzaba aproximadamente 3,1 millones de los siete millones comprometidos. Las cifras evidencian la importancia de mantener controles y evaluaciones independientes sobre la ejecución de la reforma.
La decisión que solicita el Gobierno no elimina por sí misma la reforma agraria ni autoriza quitar tierras a los campesinos. Sin embargo, reducir la vigilancia internacional sobre un compromiso todavía incumplido abre interrogantes sobre la transparencia de su implementación, la protección de los territorios y las garantías para las comunidades rurales frente a los intereses económicos que disputan el uso y la propiedad del suelo.
El Consejo de Seguridad deberá decidir el 31 de octubre si renueva el mandato de la Misión y conserva o modifica sus funciones. Para las comunidades campesinas, lo que está en discusión no es solamente un procedimiento diplomático: es la posibilidad de contar con vigilancia internacional sobre compromisos que buscan corregir una desigualdad histórica vinculada a décadas de guerra.
Más de 450 organizaciones y representantes sociales piden mantener la vigilancia de la ONU
Más de 450 organizaciones y personas, entre ellas representantes de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, víctimas del conflicto y defensores de derechos humanos, solicitaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantener y fortalecer la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz. En una carta difundida el 9 de octubre, advirtieron sobre los retrasos de la Reforma Rural Integral y reclamaron que la supervisión internacional continúe acompañando los compromisos con las comunidades rurales.
Según el documento, aunque más de 800.000 hectáreas han ingresado al Fondo de Tierras, esa cifra representa menos del 27 % de la meta de tres millones establecida en el Acuerdo. Las organizaciones también exigieron acelerar la titulación, garantizar seguridad jurídica y acompañar la entrega de tierras con crédito, infraestructura y servicios públicos. Su llamado contrasta con la solicitud del Gobierno De la Espriella de retirar este componente de la verificación internacional.
