En medio de la ofensiva de Espriella contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, la Defensoría del Pueblo ha destacado la necesidad de mantener la coordinación institucional para proteger a las comunidades del departamento. El ataque se produce después de que Espriella le enviara un ultimatum al mandatario regional quien se ha destacado por su trabajo en pro de la paz territorial.
La aparente amenaza escaló durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox. Allí, De la Espriella sostuvo que ningún gobernador o alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras armadas y dirigió una advertencia expresa a Escobar: “Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”.
Los señalamientos contra Escobar vienen desde la campaña
La confrontación entre De la Espriella y el gobernador no comenzó con la llegada del nuevo Gobierno. Durante la campaña presidencial, el entonces candidato acusó a Escobar, dirigente elegido por el Pacto Histórico, de supuestamente presionar a alcaldes y ciudadanos de Nariño de cara a la segunda vuelta presidencial.
En junio, durante un acto de campaña en Buga, De la Espriella llegó a decirle públicamente: “No sea bandido, gobernador, no presione a la gente”. También sostuvo que existían presiones de grupos armados contra ciudadanos que respaldaban su candidatura. Esos señalamientos fueron formulados políticamente por Espriella; no equivalen por sí mismos a una determinación judicial de responsabilidad del gobernador.
Escobar defendió su labor que tuvo éxito durante el gobierno Petro
El gobernador respondió que la administración departamental no ha realizado negociaciones clandestinas ni acuerdos secretos con organizaciones armadas. Según Escobar, los procesos territoriales adelantados en Nariño tuvieron autorización del anterior Gobierno Nacional y buscaron disminuir la violencia mediante diálogo, inversión social y transformación territorial.
Escobar ha defendido los resultados de esa estrategia con cifras. De acuerdo con balances divulgados por la Gobernación y recogidos por distintos medios, durante el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano fueron entregadas y destruidas más de 14 toneladas de material de guerra y 99 integrantes ingresaron en junio de 2026 a una Zona de Ubicación Temporal para avanzar hacia la vida civil. También se fijó una meta de sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de coca entre Nariño y Putumayo.
El mandatario departamental sostiene además que los homicidios violentos en Nariño se redujeron alrededor de un 52 % y ha citado el caso de Tumaco, donde, según sus cifras, la tasa de homicidios pasó de 75 a 14 por cada 100.000 habitantes.
El Estado no puede competir por quién es el mas cruel: Defensoría del Pueblo
En este escenario, la Defensoría del Pueblo ha venido trabajando con la Gobernación de Nariño sobre la situación de derechos humanos y seguridad. La defensora Iris Marín se reunió recientemente con Escobar para revisar los riesgos que enfrentan comunidades rurales y poblaciones vulnerables y la necesidad de fortalecer la articulación entre las instituciones.
La Defensoría ratificó su acompañamiento a las autoridades y comunidades nariñenses frente a los escenarios de riesgo. El pronunciamiento adquiere especial relevancia mientras desde el Gobierno Nacional se endurece el discurso sobre los procesos territoriales de diálogo y se cuestiona directamente la actuación del gobernador.
