Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia ha logrado sostener la estabilidad fiscal mientras protege y amplía la inversión social, rompiendo con la lógica histórica de recortar derechos para tranquilizar a los mercados.
De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República, en los últimos meses las tasas de interés a las que Colombia se endeuda en los mercados internacionales han mostrado una tendencia a la baja, reflejo de una mejor percepción de riesgo país y de una política fiscal responsable, pero con enfoque social.
En términos concretos, cada punto porcentual que el Estado reduce en intereses de su deuda representa billones de pesos que dejan de ir a los bancos y fondos financieros, y que pueden destinarse a educación, salud, programas sociales, infraestructura y apoyo productivo.
Para dimensionarlo: solo en servicio de deuda, Colombia paga anualmente decenas de billones de pesos; una reducción incluso moderada en tasas significa recursos adicionales equivalentes a grandes programas sociales completos.
Este resultado se da en un contexto complejo: inflación global, conflictos internacionales y presiones económicas heredadas. Aun así, el Gobierno Petro ha defendido una estrategia clara: orden fiscal sin sacrificar al pueblo, rechazando recetas de austeridad que históricamente golpearon a los trabajadores, estudiantes y campesinos.
La confianza financiera que hoy tiene Colombia no se construyó a punta de privatizaciones ni recortes, sino con una visión donde el crecimiento económico debe tener impacto real en la vida cotidiana. Gracias a esta estabilidad:
- Se protege la inversión en educación pública y ampliación de cupos universitarios.
- Se sostiene el financiamiento de programas sociales orientados a reducir la pobreza y la desigualdad.
- Se garantiza capacidad fiscal para infraestructura, vías, conectividad y desarrollo regional.
- Se respalda el fortalecimiento del campo y la economía popular.
A diferencia de gobiernos anteriores, donde la “confianza inversionista” beneficiaba principalmente a grandes capitales, el Gobierno Petro ha insistido en que la estabilidad macroeconómica debe servir como palanca para la justicia social. Menos intereses para la deuda significan más recursos para la gente.
Este enfoque demuestra que gobernar para las mayorías no solo es una decisión política, sino también una estrategia económica sostenible. Colombia avanza hacia un modelo donde las finanzas públicas no son un fin en sí mismo, sino una herramienta para garantizar derechos, cerrar brechas históricas y dignificar la vida de millones de colombianos.
