La denuncia contra el congresista del Centro Democrático ya fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, tribunal encargado de investigar a los parlamentarios.
El senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, fue denunciado por presunto abuso sexual, en un caso que ya habría sido puesto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la instancia encargada de investigar a los congresistas en el país.
Según información que ha empezado a circular en medios nacionales y portales digitales, la denuncia fue interpuesta por una mujer que habría trabajado en la Gobernación de Casanare, departamento que Barrera gobernó entre 2016 y 2019. El caso señala hechos que, según la denunciante, podrían constituir una agresión sexual ocurrida en ese contexto laboral.
La Corte Suprema deberá ahora evaluar la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el congresista. Hasta el momento, el proceso se encuentra en una etapa preliminar y no se han anunciado imputaciones ni decisiones judiciales de fondo.
El caso ha generado atención en el escenario político porque Barrera es considerado uno de los aliados más cercanos de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia dentro del uribismo. De hecho, el senador ha sido señalado como uno de sus jefes de debate y una de las figuras políticas que respaldan su proyecto presidencial.
Además de su cercanía con Valencia, Barrera es una figura conocida dentro del uribismo por su trayectoria política en los Llanos Orientales. Antes de llegar al Senado en 2022, fue gobernador del departamento de Casanare, donde consolidó su base política y posteriormente dio el salto a la política nacional.
Su llegada al Congreso se dio bajo las banderas del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se ha caracterizado por mantener posturas cercanas al ala más conservadora de esa colectividad.
La denuncia abre ahora un nuevo frente de controversia política, no solo por la gravedad de los hechos señalados, sino también por las implicaciones que podría tener dentro del escenario electoral y del debate público, especialmente en momentos en que varios sectores del país discuten la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales frente a casos de violencia sexual.
