Las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúan revelando testimonios que ayudan a reconstruir algunos de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano.
Durante años, muchas de estas denuncias fueron negadas, ignoradas o deslegitimadas por sectores del Estado y de la política, que insistían en que las víctimas exageraban o que se trataba de propaganda de los grupos armados.
Hoy, en las audiencias de la justicia transicional, esas mismas historias están siendo contadas bajo juramento y con reconocimiento de responsabilidad por parte de los propios involucrados.
Uno de los casos más impactantes ha sido el reconocimiento de crímenes como el reclutamiento de menores por parte de las antiguas FARC, un hecho que durante años fue negado por la organización y que hoy forma parte de los procesos de verdad ante el tribunal.
Pero los testimonios no se limitan a un solo actor del conflicto. Las investigaciones de la JEP también han permitido esclarecer graves violaciones cometidas por distintos actores armados, incluyendo los conocidos “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.
Durante años, las madres de las víctimas denunciaron estos crímenes mientras desde sectores del poder se intentaba deslegitimarlas. Hoy, muchos de esos hechos han sido reconocidos por miembros de la fuerza pública ante el tribunal.
Los testimonios también han permitido escuchar relatos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que vivieron en los territorios más golpeados por la guerra. Para muchas de estas víctimas, la JEP ha sido el primer escenario institucional donde sus voces han sido escuchadas y registradas oficialmente.
El trabajo de este tribunal hace parte del sistema creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, con el objetivo de garantizar verdad, reparación y no repetición.
Sin embargo, el proceso ha enfrentado una fuerte oposición política. Sectores cercanos al uribismo han propuesto en varias ocasiones reformar o incluso eliminar la justicia transicional, argumentando que favorece la impunidad.
Las organizaciones de víctimas, por el contrario, insisten en que este proceso ha permitido algo que durante décadas parecía imposible: que responsables del conflicto reconozcan públicamente sus crímenes frente al país y frente a quienes sufrieron la guerra.
