En medio del debate político, la senadora Paloma Valencia soltó una frase que no pasó desapercibida: “la presidenta soy yo y pongo ministros a quien quiera”. No fue un desliz, no fue un error de forma. Fue una declaración que revela, sin rodeos, cómo entiende el poder.
Y lo más preocupante no es solo lo que dijo, sino cómo lo sostuvo. Porque cuando se le cuestionó, dejó claro que no le importa lo que digan otros sectores. Ni aliados, ni críticos. Una postura que, en lugar de abrir debate, lo cierra. Que, en lugar de construir, impone.
En ese escenario, voces como la de Juan Daniel Oviedo quedaron completamente relegadas. Como si no importaran. Como si el país pudiera reducirse a una sola voz, a una sola voluntad, a una sola decisión.
Esto no es un detalle menor. En Colombia, donde la historia ha estado marcada por gobiernos fuertes, por decisiones verticales y por la exclusión de quienes piensan distinto, este tipo de afirmaciones prenden todas las alarmas. Porque gobernar no es imponer nombres a dedo. No es ignorar la diferencia. No es actuar como si el poder fuera propiedad privada.
Cuando alguien dice abiertamente que no le importa lo que opinen los demás, está diciendo algo más profundo: que el desacuerdo no tiene lugar, que la crítica estorba, que la democracia se vuelve un trámite y no un principio.
Y ahí es donde la pregunta se vuelve inevitable: si así se habla antes de tener el poder, ¿cómo se gobernaría cuando lo tenga?
Porque Colombia no necesita más imposición. No necesita más decisiones tomadas desde arriba sin escuchar a la gente. No necesita volver a modelos donde el poder se concentra y las voces se silencian.
Esto no es solo una frase. Es una advertencia.
