La Consejería de Paz de Colombia aclaró este 1 de abril que los voceros de estructuras armadas vinculadas a los diálogos de Paz Urbana no serán excarcelados, desmintiendo una de las críticas más repetidas por sectores de oposición frente a los procesos de diálogo que impulsa el gobierno de Gustavo Petro.
Según el comunicado oficial, estas personas participan en espacios de diálogo como voceros, pero no implica liberación ni beneficios judiciales automáticos, algo que ha sido tergiversado en el debate público.
La aclaración llega en medio de una fuerte campaña política que intenta presentar estos diálogos como supuestas “liberaciones de criminales”, cuando en realidad se trata de mecanismos ya utilizados por múltiples gobiernos en Colombia durante procesos de negociación con grupos armados.
La derecha también negoció con grupos armados
Aunque hoy algunos sectores critican cualquier intento de diálogo, la historia reciente del país demuestra que los gobiernos de derecha también negociaron, indultaron y excarcelaron integrantes de organizaciones armadas como parte de procesos de paz o sometimiento.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), por ejemplo, se llevó a cabo el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mediante la Ley de Justicia y Paz, que permitió beneficios judiciales para miles de paramilitares que se sometieron al proceso.
Ese modelo incluyó reducción de penas, suspensión de órdenes de captura y participación de voceros en procesos de negociación, algo muy similar a lo que hoy se utiliza en distintos escenarios de diálogo con estructuras armadas.
Incluso antes, en el gobierno de Andrés Pastrana, el Estado colombiano negoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que implicó despejar territorios y suspender operaciones militares para facilitar los diálogos.
Y en 1990, durante el gobierno de César Gaviria, la negociación con el Movimiento 19 de Abril terminó en un acuerdo que incluyó indultos, reincorporación política y participación en la Asamblea Constituyente de 1991.
Un mecanismo común en procesos de paz
Los expertos en resolución de conflictos coinciden en que los voceros de grupos armados suelen participar en procesos de negociación incluso cuando se encuentran privados de la libertad, porque son quienes tienen capacidad real de interlocución con las estructuras.
Por eso, la Consejería de Paz insistió en que participar como vocero no significa quedar libre, sino facilitar canales de comunicación que permitan reducir la violencia en los territorios.
El debate político
El anuncio ha reactivado el debate entre quienes defienden la negociación como herramienta para reducir la violencia y quienes rechazan cualquier diálogo con estructuras armadas.
Sin embargo, la historia reciente demuestra que negociar con actores armados ha sido una práctica utilizada por gobiernos de distintas ideologías en Colombia.
La pregunta que queda abierta es: si antes negociar era una herramienta legítima para buscar la paz, ¿por qué ahora algunos quieren hacer creer que es un crimen?
