La designación del exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) se convirtió en uno de los primeros nombramientos que más controversia ha despertado del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. El anuncio revive el debate sobre el tipo de representación internacional que tendrá el país y el papel que jugarán figuras con un historial marcado por decisiones polémicas y posturas ultraconservadoras.
Ordóñez no es un nombre cualquiera. Fue procurador general entre 2009 y 2016, cargo desde el cual protagonizó algunas de las decisiones disciplinarias más controvertidas de la historia reciente, entre ellas la destitución e inhabilidad del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una sanción que posteriormente fue dejada sin efectos tras decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que terminó convirtiéndose en un símbolo del debate sobre los límites del poder disciplinario frente a funcionarios elegidos por voto popular.
Pero la controversia alrededor de Ordóñez va mucho más allá. El exprocurador ha sido un férreo opositor del aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia y otros avances en materia de derechos civiles. Sus posiciones han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y sectores que consideran que representan una visión excluyente del Estado.
Uno de los episodios que más ha resurgido tras su nombramiento ocurrió durante su juventud, cuando participó en la quema de libros que consideraba contrarios a sus convicciones religiosas. Años después defendió públicamente ese acto y aseguró: “Yo quemé libros y no me arrepiento”, una declaración que volvió a circular en redes sociales y que para muchos resulta incompatible con los principios de pluralismo, libertad de pensamiento y democracia que promueve la OEA.
La decisión de Abelardo de la Espriella también es leída como una señal del rumbo ideológico que tomará su política exterior. El presidente electo ya había anunciado una reorientación de las relaciones internacionales, con un mayor acercamiento a gobiernos conservadores y una ruptura con varias líneas diplomáticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro. En ese contexto, el regreso de Ordóñez a la OEA es interpretado por diversos analistas como una apuesta por fortalecer una agenda política de corte conservador en escenarios internacionales.
No es la primera vez que Ordóñez ocupa ese cargo. Entre 2018 y 2022 fue embajador de Colombia ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque. Ahora volverá a representar al país en un organismo que alberga, entre otras instancias, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el continente.
Mientras sectores cercanos al nuevo gobierno defienden el nombramiento argumentando la experiencia jurídica y diplomática de Ordóñez, desde distintos sectores políticos y sociales las críticas no se han hecho esperar. Para sus detractores, el mensaje que envía el nuevo gobierno es claro: una política exterior marcada por figuras que durante años se opusieron a conquistas en materia de derechos y que protagonizaron algunos de los capítulos más polémicos de la institucionalidad colombiana.
