El senador Iván Cepeda volvió a encender el debate al señalar que la Ley 100 de 1993 transformó un derecho fundamental en un mercado dominado por intermediarios.
En medio de movilización y respaldo ciudadano, Cepeda lanzó una crítica directa al corazón del sistema: la salud en Colombia dejó de ser un derecho garantizado para convertirse en un servicio condicionado por la rentabilidad. Una afirmación que no es solo política, sino que recoge la experiencia cotidiana de millones de personas.
Desde su implementación, la Ley 100 reorganizó el sistema bajo la lógica de aseguramiento, entregando la administración de los recursos a entidades intermediarias (EPS). Aunque amplió la cobertura en cifras, el costo ha sido alto:
demoras en citas, barreras administrativas, autorizaciones interminables y, en muchos casos, negación de servicios vitales.
El modelo, impulsado en los años 90 y defendido por sectores cercanos a Álvaro Uribe Vélez, ha sido señalado por priorizar la sostenibilidad financiera de las EPS sobre la atención oportuna de los pacientes. La consecuencia es un sistema donde el acceso no depende solo de la necesidad médica, sino de trámites, contratos y capacidad de pago.
Además, múltiples crisis financieras de EPS, intervenciones del Estado y deudas acumuladas con hospitales han evidenciado fallas estructurales: clínicas quebradas, trabajadores de la salud sin pago y pacientes atrapados en medio de un sistema que muchas veces no responde.
Para sectores del Pacto Histórico, este modelo agotó su legitimidad. Por eso, el debate actual sobre la reforma a la salud no es menor: busca desmontar un esquema basado en intermediación y avanzar hacia uno donde el Estado garantice directamente el derecho.
Lo que plantea Cepeda no es solo una crítica, es una disputa de país:
seguir tratando la salud como negocio o asumirla como un derecho real y sin barreras.
Porque en Colombia, enfermarse no debería depender de una autorización.
