El representante a la Cámara Alejandro Toro lanzó una alerta por la citación del Congreso para discutir, durante la noche de este lunes festivo 2 de noviembre, el proyecto de ley de sometimiento impulsado por el Gobierno nacional. El congresista cuestionó la urgencia del trámite y advirtió que la iniciativa podría terminar favoreciendo a narcotraficantes y paramilitares.
La controversia gira alrededor de dos asuntos: el contenido de una propuesta que Toro considera riesgosa para la justicia y las víctimas, y la decisión de convocar su discusión en un horario inusual.
El proyecto 296 de 2026 Senado / 433 de 2026 Cámara contempla rebajas de pena de hasta el 50 % para integrantes de organizaciones criminales y hasta el 30 % para cabecillas, condicionadas al cumplimiento de obligaciones. Esos beneficios son excesivos.
¿Por qué tanta urgencia para discutir la ley?
Toro cuestionó que los congresistas fueran citados en pleno festivo y a altas horas de la noche para abordar una iniciativa de semejante importancia.
El representante planteó interrogantes sobre el afán del Gobierno por avanzar en el trámite y alertó sobre el riesgo de que una discusión apresurada impida examinar las consecuencias de la propuesta.
Para Toro, una ley que puede modificar las condiciones de sometimiento de organizaciones criminales exige deliberación pública, garantías para las víctimas y un examen detallado de los beneficios que recibirían quienes se acojan a ella.
El riesgo de beneficios para narcotraficantes y paramilitares
La principal preocupación expresada por el congresista es que el proyecto termine convertido en un mecanismo de beneficios judiciales excesivos para integrantes de estructuras dedicadas al narcotráfico y al paramilitarismo.
Toro advierte que la búsqueda de sometimientos no puede confundirse con la concesión de impunidad ni dejar en segundo plano los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Toro anuncia oposición desde el Congreso
El representante aseguró que denunciará cualquier intento de acelerar la aprobación de una iniciativa que considera de especial gravedad. Su pronunciamiento pone sobre la mesa una exigencia central: que el Gobierno explique el alcance de los beneficios propuestos y que el Congreso garantice una discusión transparente, sin sacrificar el examen de las consecuencias judiciales y sociales.
El debate de fondo no es únicamente cuándo se discute la ley, sino si sus disposiciones garantizan un sometimiento efectivo a la justicia o terminan ofreciendo ventajas injustificadas a organizaciones criminales.
