La congresista Lina Garrido se retractó públicamente y negó haber solicitado una intervención de Estados Unidos en Colombia, luego de que sus declaraciones generaran una fuerte polémica nacional y derivaran en una denuncia formal por traición a la patria.
La retractación se produce después de que diversos sectores políticos y sociales advirtieran que sus afirmaciones podían constituir una grave violación a la Constitución, al sugerir la participación de una potencia extranjera en los asuntos internos del país. Estas declaraciones fueron consideradas una amenaza directa a la soberanía nacional.
Tras el escándalo, fue radicada una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, señalando que promover o justificar una intervención extranjera podría encajar en el delito de traición a la patria, contemplado en el Código Penal colombiano para quienes atenten contra la independencia, la autodeterminación y la integridad del Estado.
En su intento por desmarcarse de la controversia, Garrido aseguró que sus palabras fueron “malinterpretadas”. Sin embargo, para amplios sectores de la opinión pública, la retractación llega solo después de que el caso escalara al plano judicial, lo que ha sido leído como un intento de evadir responsabilidades políticas y legales.
El episodio ha reabierto el debate sobre los límites de la oposición política y la gravedad de invocar actores extranjeros en disputas internas, en un país con una larga historia de injerencias externas y conflicto armado.
¿Puede una congresista pedir apoyo extranjero contra su propio país y luego simplemente retractarse sin consecuencias, o la soberanía nacional debe tener límites claros e irrenunciables?
