En Colombia crece la preocupación por el uso de acciones judiciales como herramienta para presionar o silenciar a periodistas y voces críticas. El foco de la polémica está hoy sobre el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ha interpuesto al menos 109 denuncias y procesos judiciales contra comunicadores, activistas y ciudadanos en los últimos años.
Según registros públicos y reportes de medios, las demandas incluyen injuria, calumnia y acciones penales, dirigidas principalmente contra periodistas que han publicado investigaciones o cuestionamientos sobre su trayectoria, sus clientes o sus posturas políticas.
¿A QUIÉNES HA DEMANDADO?
Entre los casos más conocidos se encuentran acciones contra:
- Periodistas de investigación que han cuestionado su cercanía con sectores políticos tradicionales.
- Usuarios de redes sociales por publicaciones críticas.
- Comunicadores que han difundido información sobre su historial profesional y sus declaraciones públicas.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que este patrón corresponde a lo que internacionalmente se conoce como “litigios estratégicos contra la participación pública” (SLAPP): demandas que, aunque no siempre prosperan, buscan intimidar, desgastar económicamente y generar autocensura.
ALARMAS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Expertos en derechos humanos señalan que el problema no es el derecho a demandar —que cualquier ciudadano tiene— sino la sistematicidad y volumen de las acciones.
En Colombia, el país ya enfrenta un panorama complejo:
- Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), cada año se registran más de 500 agresiones contra periodistas.
- La judicialización se ha convertido en una de las formas de presión más crecientes.
- El uso de demandas penales por injuria y calumnia es considerado por organismos internacionales como una herramienta que puede limitar el debate público.
EL CONTEXTO POLÍTICO
Las críticas aumentan debido a que Abelardo de la Espriella hoy es precandidato presidencial y ha adoptado un discurso de mano dura contra medios críticos del establecimiento.
Para sectores democráticos, esto genera una alerta:
cuando un aspirante al poder recurre masivamente a procesos judiciales contra periodistas, se percibe como una señal de intolerancia frente al control ciudadano y la crítica pública.
¿DEFENSA LEGÍTIMA O ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN?
Mientras el abogado sostiene que sus demandas buscan proteger su honra, analistas señalan que el volumen de procesos y el perfil de los demandados evidencian un fenómeno más profundo:
El uso del sistema judicial como herramienta política para desincentivar investigaciones y restringir el debate público.
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