La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó derogar la política nacional de derechos sexuales y reproductivos 2026-2035 y frenar su implementación. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la decisión pondría en riesgo la educación sexual integral y la prevención del embarazo adolescente.
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La ministra de Educación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, pidió derogar la política nacional de derechos sexuales y reproductivos que busca garantizar educación sexual integral, prevenir embarazos adolescentes y combatir las violencias basadas en género. La solicitud ha provocado una fuerte reacción de organizaciones que consideran la iniciativa un retroceso para los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
La decisión quedó consignada en un oficio del 21 de septiembre de 2026, dirigido al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González. Allí, la ministra pidió iniciar el procedimiento para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, expedida el 10 de julio, y propuso detener nuevas actuaciones relacionadas con su implementación mientras se adelanta la revisión.
Una política para prevenir embarazos adolescentes y violencias sexuales
La resolución adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. Entre sus disposiciones están la educación sexual integral en las instituciones educativas, la prevención de embarazos en adolescentes, el acceso a información sobre anticoncepción, la prevención de violencias sexuales y el reconocimiento de los derechos reproductivos.
La norma también establece obligaciones para que los colegios incorporen estos contenidos en sus proyectos educativos y para que el Ministerio de Educación acompañe su implementación. No se trata únicamente de contenidos escolares. La educación sexual integral permite que niños, niñas y adolescentes reciban información adecuada a su edad sobre el cuerpo, el consentimiento, la prevención de abusos, las relaciones responsables y los riesgos de embarazos no planeados.
Debilitar estas herramientas podría aumentar la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan mayores barreras para acceder a información y servicios de salud.
Las consecuencias de una educación sexual insuficiente pueden extenderse durante años. Un embarazo temprano puede interrumpir la trayectoria educativa, dificultar el acceso al empleo y aumentar la dependencia económica. Cuando la responsabilidad del cuidado recae exclusivamente sobre las adolescentes, las desigualdades se profundizan y las posibilidades de superar la pobreza se reducen.
Por eso, la discusión no se limita a la autonomía reproductiva. También involucra el derecho a la educación, la prevención de la violencia sexual y la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en la crianza. La ausencia de formación sobre consentimiento, anticoncepción y corresponsabilidad puede dejar a adolescentes sin herramientas fundamentales para tomar decisiones informadas y construir relaciones libres de violencia.
Organizaciones advierten un retroceso en derechos
La Corporación Caribe Afirmativo rechazó públicamente la solicitud de derogatoria y advirtió que podría comprometer los avances en educación sexual integral, reconocimiento de derechos reproductivos y construcción de entornos educativos libres de discriminación.
Una política educativa no puede ignorar que prevenir un embarazo no deseado también significa proteger la posibilidad de estudiar, trabajar y construir una vida autónoma.
