El 21 de julio de 2022, apenas 16 días antes de terminar su mandato, el gobierno de Iván Duque adjudicó un Acuerdo Marco de Precios para la compra y suministro de medicamentos destinado a hospitales públicos, la Policía y el Ejército.
El contrato fue gestionado por la agencia estatal Colombia Compra Eficiente y tenía un valor cercano a $2,4 billones de pesos, convirtiéndose en uno de los acuerdos de medicamentos más grandes del país.
La adjudicación incluyó a tres proveedores privados, pero la principal beneficiaria fue la empresa Éticos Serrano Gómez Ltda., vinculada empresarialmente al grupo económico de la familia Fuad Char, uno de los clanes políticos más poderosos del Caribe colombiano.
Un contrato que amarraba las compras del Estado por tres años
El acuerdo establecía que durante tres años las entidades públicas debían adquirir medicamentos a través de los proveedores seleccionados en ese contrato, lo que en la práctica dejaba comprometidas las compras del Estado en ese sector.
Según reportes posteriores, Éticos Serrano Gómez terminó concentrando una gran parte de las órdenes de compra dentro del acuerdo, con contratos que superaron 1,8 billones de pesos en pedidos realizados por diferentes entidades estatales.
Petro pidió investigar el negocio
Tras conocerse el contrato, el entonces presidente electo Gustavo Petro pidió que se investigara el acuerdo, argumentando que podía tratarse de un contrato “amarrado” que limitaba la competencia en la compra de medicamentos públicos.
Ya en el gobierno, Petro volvió a denunciar que la empresa beneficiada tenía vínculos con empresarios cercanos al grupo Char y solicitó a las autoridades revisar los precios de los medicamentos y posibles conflictos de interés en el proceso de contratación.
La polémica sigue abierta
El contrato se convirtió en un nuevo punto de choque político entre el actual gobierno y sectores de la oposición. Mientras el gobierno Petro insiste en que debe investigarse a fondo el proceso, defensores del contrato han señalado que la adjudicación se realizó mediante mecanismos legales de contratación pública.
Sin embargo, el hecho de que un acuerdo de billones de pesos se firmara a pocos días del cambio de gobierno mantiene el debate abierto sobre la transparencia y la forma en que se toman decisiones de contratación pública en Colombia.
