La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación formal contra los magistrados que tomaron la decisión de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en uno de los procesos judiciales más polémicos de los últimos años, relacionado con presunta manipulación de testigos.
La decisión disciplinaria se produce luego de múltiples denuncias y cuestionamientos públicos sobre posibles irregularidades en la actuación de los magistrados que fallaron a favor del exmandatario. Según informó la propia Comisión, el proceso busca determinar si hubo faltas gravísimas, actuaciones contrarias a la ley o posibles conflictos de interés durante el trámite judicial.
El caso tiene origen en el expediente por presunto fraude procesal y soborno a testigos, una investigación que se remonta a 2012 y que ha pasado por distintas instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. En 2020, Uribe incluso estuvo bajo detención domiciliaria, una medida histórica al tratarse del primer expresidente privado de la libertad en Colombia.
Posteriormente, cuando el proceso pasó a la Fiscalía, el ente acusador solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, lo que generó un intenso debate nacional sobre independencia judicial y presiones políticas. Aunque en una primera oportunidad un juez negó cerrar el proceso, nuevas decisiones judiciales terminaron favoreciendo la tesis de la defensa.
La investigación disciplinaria ahora en curso no reabre el proceso penal contra Uribe, pero sí pone bajo escrutinio la conducta de los magistrados y podría derivar en sanciones que van desde suspensiones hasta destituciones, si se comprueba que hubo irregularidades.
Este nuevo capítulo revive el debate sobre la confianza ciudadana en la justicia, la independencia de los jueces y la persistente polarización política alrededor de los procesos que involucran al exmandatario.
En paralelo, sectores políticos y organizaciones de víctimas han insistido en que el país necesita claridad judicial definitiva sobre uno de los expedientes más simbólicos del conflicto entre poder político y sistema judicial en Colombia.
El avance de esta investigación disciplinaria podría marcar un precedente clave sobre el control a los altos funcionarios judiciales y el alcance de la rendición de cuentas dentro de la rama judicial.
