Congresistas del Pacto Histórico integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación defendieron ante la Corte Constitucional la competencia de la Fiscalía para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo.
La bancada del Pacto Histórico que integra la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pidió a la Corte Constitucional que la Fiscalía General de la Nación conserve la investigación relacionada con la presunta responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en tres graves episodios de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de 1990.
La solicitud se produce en medio de un conflicto de jurisdicciones que, según el comunicado de los congresistas, será estudiado por la Corte Constitucional este lunes 9 de noviembre. La decisión determinará qué autoridad debe continuar conociendo las actuaciones.
Los argumentos del Pacto Histórico para que la Fiscalía conserve el caso
Los congresistas informaron que el pasado 2 de octubre radicaron una intervención ante la Corte Constitucional para explicar por qué consideran que la investigación debe permanecer en la Fiscalía y no trasladarse a la Comisión de Investigación y Acusación. Su argumento central es que los hechos investigados ocurrieron antes de la posesión de Álvaro Uribe como presidente de la República, en agosto de 2002.
En el documento sostienen que la jurisdicción constitucional especial prevista para los altos funcionarios no constituye un privilegio personal, sino una garantía institucional que debe interpretarse de manera restrictiva. También argumentan que el artículo 174 de la Constitución establece límites a la competencia del Congreso frente a hechos anteriores al ejercicio de la Presidencia.
Para los representantes del Pacto Histórico, el fuero presidencial no puede extenderse automáticamente a conductas anteriores al desempeño del cargo.
El Aro, La Granja y Jesús María Valle: tres casos que siguen reclamando justicia
En junio de 1996 ocurrió la masacre de La Granja, en Ituango. En octubre de 1997 se perpetró la masacre de El Aro, también en Ituango. En febrero de 1998 fue asesinado en Medellín el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado la violencia paramilitar y las graves afectaciones que padecían las comunidades de la región.
Los congresistas recuerdan que los tres episodios ocurrieron antes de que Uribe llegara a la Presidencia. En su comunicado señalan que todos los hechos investigados son anteriores a su posesión y que, por esa razón, consideran que la investigación debe permanecer en la justicia ordinaria. El pronunciamiento no constituye una declaración de responsabilidad penal contra el expresidente. La presunta participación de Uribe en estos hechos debe ser establecida por las autoridades competentes, con respeto a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.
Una decisión clave para los derechos de las víctimas
Los integrantes del Pacto Histórico sostienen que la Fiscalía dispone de mayor capacidad institucional para adelantar una investigación de esta naturaleza y ofrecer respuestas en un plazo razonable. En el comunicado expresan su compromiso con las víctimas y sus familias, y recuerdan que el esclarecimiento de los hechos, la justicia y la reparación deben ser prioridades del Estado.
La posición también coincide con la solicitud presentada por el senador Iván Cepeda ante la Corte Constitucional para que el expediente permanezca en la Fiscalía. Caracol Radio
El antecedente que genera controversia
La solicitud tiene un antecedente que no puede pasarse por alto: el 19 de agosto, la Comisión de Acusación aprobó promover el conflicto de competencias para reclamar el expediente, en una actuación que contó inicialmente con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico. Ahora, cinco de sus integrantes defienden que el caso continúe en la Fiscalía. EL PAÍS América Colombia+1
La posición actual está suscrita por Alejandro Toro, Jorge Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landinez y María del Mar Pizarro. Se trata de una postura de estos representantes, no de un pronunciamiento institucional de toda la Comisión. Caracol Radio
La controversia también tiene argumentos jurídicos contrapuestos. Quienes reclaman la competencia del Congreso sostienen que una de las conductas investigadas podría haberse prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía la Presidencia. La Fiscalía, por su parte, ha defendido su facultad para investigar los hechos. La Silla Vacía
La Corte Constitucional tiene previsto estudiar el expediente CJU-7957 este 9 de noviembre, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. La decisión no establecerá si Uribe es culpable o inocente de los hechos investigados. Definirá qué autoridad tiene competencia para continuar un proceso en el que las víctimas llevan casi tres décadas esperando respuestas.
