Centrales obreras, organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y movimientos sociales convocaron una jornada nacional de protesta contra las reformas económicas y laborales del Gobierno. Advierten que las medidas propuestas afectarían los derechos de los trabajadores y los recursos destinados a servicios públicos.
La convocatoria al paro nacional del próximo jueves 19 de noviembre comienza a reunir a distintos sectores sindicales, sociales y populares del país. A través de un comunicado fechado el 4 de noviembre, varias organizaciones anunciaron su participación en una jornada de movilización contra el proyecto de Ley de Rescate Económico y las políticas que atribuyen al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Entre las organizaciones que aparecen respaldando el llamado están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), Fecode, la Coordinadora Nacional para el Cambio, el Pacto Histórico y otros espacios de articulación social.
El rechazo a la reforma tributaria y los recortes sociales
Las organizaciones sostienen que el proyecto de Ley de Rescate Económico trasladaría una mayor carga tributaria a las familias trabajadoras. Según el comunicado, la iniciativa contempla modificaciones al IVA, incrementos en impuestos sobre determinados productos y cambios que, a juicio de los convocantes, favorecerían a los sectores de mayores ingresos.
También cuestionan las propuestas de reducción del gasto público, la reorganización de entidades estatales y los posibles efectos sobre el empleo y la prestación de servicios esenciales. Los convocantes advierten que el proyecto presupuestal para 2027 podría disminuir la participación de la inversión pública y aumentar el peso del servicio de la deuda, con consecuencias para la capacidad del Estado de atender necesidades sociales.
Educación, salud, trabajo y derechos sociales
El llamado al paro también incluye la defensa de la educación pública, la salud, los derechos laborales, las pensiones y las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Las organizaciones rechazan lo que consideran políticas de privatización y recortes de derechos, y defienden una reforma fiscal que distribuya las cargas de manera más equitativa.
La convocatoria surge, además, de procesos de articulación entre organizaciones sindicales, campesinas, étnicas y políticas que buscan coordinar movilizaciones en distintas regiones.
El 19 de noviembre, una prueba para el Gobierno
La jornada se perfila como una nueva expresión de inconformidad social frente a las políticas económicas del Ejecutivo.
Aunque todavía no se conocen las cifras de participación ni las rutas definitivas de las marchas, la adhesión anunciada por distintas organizaciones muestra que la convocatoria trasciende a una sola central sindical.
El 19 de noviembre será una oportunidad para medir la capacidad de movilización de estos sectores y la respuesta del Gobierno a sus cuestionamientos.
