El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó suspender la programación habitual de las 20 Emisoras de Paz, una red creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 para fortalecer la comunicación en los territorios más afectados por décadas de conflicto armado.
Y aquí hay un punto que no puede pasarse por alto: las Emisoras de Paz no fueron una iniciativa improvisada de un gobierno. Están contempladas expresamente en el punto 6.5 del Acuerdo Final, como parte de las medidas para contribuir a la implementación del pacto, la pedagogía de paz, la convivencia y la reconciliación.
Durante estos años, sus micrófonos sirvieron para que víctimas, campesinos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y jóvenes pudieran contar lo que ocurría en sus territorios. Eran, en muchos casos, una de las pocas ventanas para que esas realidades llegaran al resto del país.
Ahora, la programación local fue suspendida y las emisoras quedaron enlazadas con Bogotá para transmitir música.
No se trata simplemente de cambiar una parrilla radial. Se trata de retirar el contenido producido desde los territorios de unas emisoras que fueron creadas precisamente para que esas comunidades tuvieran voz después de décadas de guerra.
El Gobierno puede hablar de reorganización de los medios públicos, pero tiene una obligación política y administrativa de explicar por qué esa reorganización implica sacar del aire los contenidos comunitarios y territoriales de una herramienta vinculada directamente con la implementación del Acuerdo de Paz.
Hay además una contradicción difícil de ignorar: si el Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado colombiano y no de un gobierno particular, sus herramientas de implementación tampoco deberían desaparecer simplemente porque cambió el Gobierno.
