En un acto realizado en Popayán, el presidente Gustavo Petro sancionó una nueva ley que cambia la forma en que el Estado financia las universidades públicas en Colombia, una reforma considerada por el Gobierno como el cambio más importante en décadas para el sistema de educación superior.
La nueva norma modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que durante más de tres décadas definieron el modelo de financiación de las universidades públicas del país.
Hasta ahora, los recursos que recibían estas instituciones crecían únicamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, de acuerdo con la inflación. Sin embargo, ese sistema fue duramente criticado por universidades y expertos porque no reflejaba los costos reales de sostener laboratorios, investigación, infraestructura o contratación de docentes.
Con la nueva ley, el aumento del presupuesto estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador que tiene en cuenta los gastos reales del sistema universitario.
Más inversión y más estudiantes beneficiados
El Gobierno también destacó que en los últimos años se ha incrementado la inversión en educación superior pública.
Entre 2023 y 2025 se destinaron cerca de 6,8 billones de pesos para la política de gratuidad, lo que permitió ampliar el número de estudiantes beneficiados de 690.000 a 930.000 jóvenes en universidades públicas del país.
Actualmente, el 97 % de los estudiantes de pregrado en universidades públicas cuentan con matrícula gratuita, una de las principales apuestas del Gobierno para ampliar el acceso a la educación superior.
Además, la inversión total en educación superior asciende a cerca de 15 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 13 billones se transfieren directamente a universidades públicas.
Infraestructura y expansión del sistema
La estrategia también contempla fortalecer la infraestructura universitaria.
El Gobierno ha comprometido más de 1,67 billones de pesos para 104 proyectos de infraestructura educativa, que incluyen construcción de sedes, laboratorios y ampliación de espacios académicos en distintas regiones del país.
La reforma también busca fortalecer universidades en territorios históricamente excluidos y ampliar oportunidades para estudiantes indígenas, afrocolombianos, víctimas del conflicto y comunidades rurales.
Un cambio estructural en la educación pública
Para el Gobierno, la reforma representa un cambio estructural en el sistema educativo colombiano, que durante años enfrentó problemas de financiación.
Según el Ejecutivo, el objetivo es garantizar recursos sostenibles a largo plazo para las universidades públicas, mejorar la calidad educativa y ampliar el acceso a la educación superior para miles de jóvenes.
“La universidad pública es la que puede construir la paz”, afirmó el presidente Petro durante la sanción de la ley.
