El Gobierno Nacional acelera la expedición de un decreto que reglamenta la nueva fórmula de financiación de las universidades públicas. La decisión llega tras las declaraciones de la ministra de Educación designada por Abelardo de la Espriella, Viviane Morales, quien anunció su intención de modificar la reglamentación del modelo aprobado durante el gobierno de Gustavo Petro.
En los últimos días se abrió uno de los debates más importantes para el futuro de la educación superior en Colombia. El presidente Gustavo Petro decidió avanzar con la expedición de un decreto que reglamentará la nueva ley de financiación de las universidades públicas, con el propósito de dejar definida su aplicación antes del cambio de gobierno.
La medida surge luego de que Viviane Morales, ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, manifestara que el próximo gobierno pretendía reglamentar el nuevo sistema de financiación bajo sus propios criterios, argumentando que las universidades enfrentan una “asfixia financiera”. Sus declaraciones desataron una respuesta inmediata del presidente Petro, quien advirtió que modificar esa reglamentación podría poner en riesgo la expansión de la educación superior pública y gratuita.
El punto central del debate es que el Congreso aprobó este año una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una modificación considerada histórica porque cambia el mecanismo mediante el cual el Estado financia las universidades públicas. Durante décadas, las instituciones denunciaron que el antiguo modelo hacía crecer los recursos por debajo de sus necesidades reales, generando un déficit acumulado que afectó infraestructura, investigación, bienestar estudiantil y ampliación de cobertura.
Con la nueva legislación, el objetivo es que la financiación responda mejor al crecimiento de estudiantes, los costos de funcionamiento y las necesidades de expansión del sistema universitario. Sin embargo, para que esa ley opere plenamente es indispensable expedir un decreto reglamentario que establezca cómo se distribuirán y calcularán los recursos. Precisamente esa es la norma que el Gobierno Petro busca dejar firmada antes del 7 de agosto.
Desde la Presidencia, Petro sostiene que la nueva fórmula garantiza el crecimiento de la universidad pública y hace parte de las reformas sociales que deben preservarse más allá del cambio de gobierno. En ese sentido, ha pedido que la ciudadanía defienda los avances alcanzados en materia educativa, asegurando que el nuevo esquema permitirá ampliar la cobertura y fortalecer las instituciones oficiales.
El Ministerio de Educación también ha resaltado que durante este gobierno se consolidaron medidas como la gratuidad permanente en la matrícula para estudiantes vulnerables y recientemente se eliminó el cobro de inscripción y derechos de grado para quienes acceden a universidades públicas bajo la política de gratuidad, buscando reducir las barreras económicas para ingresar a la educación superior.
