La violencia contra las comunidades continúa marcando el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Un balance del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz reportó que, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, fueron asesinados 16 líderes y lideresas sociales en Colombia, mientras que se registraron diez masacres con un saldo de 30 víctimas mortales.
De acuerdo con el reporte, 14 de los asesinatos de líderes sociales ocurrieron durante agosto, en 12 municipios de ocho departamentos. Los dos casos restantes fueron registrados durante los primeros días de septiembre.
A esta situación se suma el asesinato de cinco firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, todos ocurridos en agosto, en cuatro municipios de cuatro departamentos del país. Se trata de excombatientes que habían dejado las armas para incorporarse a la vida civil y que continúan enfrentando riesgos en los territorios.
Diez masacres en apenas un mes
En cuanto a los homicidios colectivos, Indepaz documentó nueve masacres durante agosto, ocurridas en ocho municipios de seis departamentos. En los primeros días de septiembre se registró una masacre adicional en el Valle del Cauca, con tres víctimas mortales.
En total, los diez hechos dejaron 30 personas asesinadas, entre ellas menores de edad.
El balance evidencia que la violencia continúa afectando tanto a las comunidades rurales como a los sectores urbanos, en medio de la presencia y disputa de grupos armados ilegales por el control territorial, las rentas ilícitas y corredores estratégicos.
Las cifras de Indepaz representan un primer balance de la situación de derechos humanos durante la nueva administración y plantean interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes de paz y población civil.
El instituto ha insistido en que detrás de cada cifra existen familias, comunidades y territorios afectados por la violencia. Por ello, ha llamado al Gobierno Nacional a priorizar la protección de la vida y a fortalecer las medidas de prevención y protección en las regiones más golpeadas por el conflicto.
