En una decisión histórica para el país, y con el intenso trabajo del Representante por Antioquia, Alejandro Toro, la Cámara de Representantes aprobó en plenaria el proyecto de ley que incorpora a Colombia el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional adoptado en Nueva York en 2006 que fortalece los mecanismos de protección y exigibilidad de los derechos de esta población.
El Protocolo, que complementa la Convención ratificada por Colombia en 2009, permite que las personas con discapacidad presenten comunicaciones y denuncias individuales ante el Comité de las Naciones Unidas cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados y que no han obtenido una respuesta efectiva dentro del país. En otras palabras, abre una puerta adicional para la defensa de sus derechos, ofreciendo un mecanismo internacional de supervisión y justicia.
Con esta aprobación, Colombia reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad y la garantía plena de los derechos de más de 3 millones de personas con discapacidad en el territorio nacional. El proyecto había sido radicado con mensaje de urgencia por el Gobierno nacional y fue acompañado ampliamente por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de esta población.
Voceros del Congreso destacaron que la incorporación del Protocolo permitirá “fortalecer los estándares internacionales en materia de derechos humanos” y promoverá una mayor armonización entre la legislación interna y los compromisos adquiridos por Colombia. También subrayaron que esta decisión obligará al Estado a ajustar procedimientos, fortalecer rutas de atención y mejorar los mecanismos de denuncia, seguimiento y reparación.
El siguiente paso será la revisión en la Corte Constitucional, como ocurre con todos los tratados internacionales. Si es declarado exequible, Colombia podrá depositar el instrumento internacional ante las Naciones Unidas y habilitar formalmente el acceso al Comité de la Convención.
La aprobación del Protocolo Facultativo representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y un mensaje claro sobre la necesidad de construir un país más incluyente, con instituciones sensibles, accesibles y preparadas para responder a las necesidades de esta población.
Según el impulsor del proyecto Alejandro Toro “Esta victoria para los más de 3 millones de colombianas y colombianos con discapacidad ofrece un recurso de justicia internacional cuando los mecanismos internos fallan, fortalece la supervisión de políticas públicas y promueve la corrección de prácticas discriminatorias persistentes en el país.”
