El Decreto 271 de 2026 crea la Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio, una medida que busca garantizar el acceso a salud, pensión, riesgos laborales y protección para la vejez, reconociendo la labor de miles de trabajadores que durante décadas han permanecido en la informalidad.
En un nuevo paso hacia la dignificación del trabajo de las personas recicladoras, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, puso en marcha la Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio, creada mediante el Decreto 271 de 2026.
La iniciativa está dirigida a recicladores y recicladoras que trabajan de manera independiente, hacen parte de organizaciones formalmente constituidas y perciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual. Su objetivo es garantizar que esta población pueda acceder al sistema de protección social sin perder su independencia laboral.
Entre los principales beneficios del decreto se encuentran:
- Salud: garantiza la permanencia de quienes ya están afiliados al régimen subsidiado y prioriza la afiliación de quienes aún no cuentan con cobertura.
- Pensión: facilita el acceso al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP).
- Protección para la vejez: permite la vinculación a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y, cuando corresponda, al programa Colombia Mayor.
- Riesgos laborales: establece la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, brindando mayor protección frente a accidentes derivados de su actividad.
El Gobierno explicó que esta política busca reconocer el aporte ambiental y social que realizan miles de recicladores en todo el país, quienes contribuyen diariamente al aprovechamiento de residuos, la economía circular y la reducción del impacto ambiental.
Además, la implementación del decreto contempla la articulación entre entidades territoriales, organizaciones de recicladores y el Sistema de Seguridad Social para facilitar el acceso efectivo a estos beneficios y avanzar en la formalización y dignificación de una labor históricamente invisibilizada.
Con esta medida, el Ejecutivo busca cerrar brechas de protección social para una población que ha sido reconocida por la Corte Constitucional como sujeto de especial protección, fortaleciendo sus derechos sin afectar la naturaleza independiente de su trabajo.
