A pocas horas de la movilización nacional, el gobernador indicó que la fuerza pública debe actuar «con toda la contundencia» si se presentan hechos de violencia. Sus declaraciones generan interrogantes sobre las garantías para los manifestantes, en un país marcado por graves antecedentes de abusos policiales durante las protestas.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón , lanzó este martes 13 de octubre un mensaje de fuerza antes de las manifestaciones convocadas contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque reconoció el derecho a la protesta pacífica, aseguró que las autoridades deberán intervenir con contundencia si se presentan hechos de violencia o se afectan las libertades de otros ciudadanos.
La declaración puede interpretarse como una amenaza de intervención policial en vísperas de las marchas. Su énfasis en la fuerza, antes que en las garantías para los manifestantes, revive una preocupación que Colombia conoce demasiado bien: el riesgo de que la respuesta de las autoridades termine afectando a personas que ejercen pacíficamente sus derechos.
¿Antioquia recibirá a los manifestantes con garantías efectivas para ejercer sus derechos o con una demostración de fuerza que termine aumentando la tensión?
Los antecedentes de violencia policial no pueden ignorarse
Las preocupaciones no surgen de la nada. Durante el estallido social de 2021, Colombia registró graves denuncias de abusos de la fuerza pública. Human Rights Watch documentó casos de violencia policial contra manifestantes y la Procuraduría abrió 127 actuaciones disciplinarias relacionadas con intervenciones de uniformados.
En enero de 2025, la Procuraduría también anunció cargos disciplinarios contra un patrullero por su presunta responsabilidad en la muerte de dos manifestantes durante las protestas de septiembre de 2021 en Bogotá. A estos antecedentes se suman las denuncias históricas sobre presuntos agentes infiltrados y provocadores en movilizaciones. Sin embargo, esas denuncias requieren examinarse caso por caso y no constituyen prueba de que exista un operativo de infiltración preparado para este 14 de octubre.
La discusión de fondo no es si las autoridades pueden actuar frente a delitos. La Constitución y la ley ya contemplan esa posibilidad. El problema aparece cuando el discurso oficial prioriza la contundencia sin explicar cómo evitar intervenciones indiscriminadas, excesos o afectaciones a manifestantes pacíficos.
¿Quién garantizará que la fuerza pública no abuse de su poder?
El Decreto 003 establece que las autoridades deben privilegiar el diálogo y la mediación. También exige que cualquier uso de la fuerza respete los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. Las movilizaciones del 14 de octubre se desarrollarán en medio de cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional y a sus propuestas sobre seguridad y protesta social.
En ese escenario, la obligación de las autoridades es proteger tanto a quienes participan en las manifestaciones como a quienes no lo hacen. Los hechos de violencia deben investigarse individualmente y no pueden convertirse en justificación para restringir de manera generalizada el derecho a protestar.
