Las marchas del 14 de octubre terminaron en Medellín con graves denuncias contra la fuerza pública. Estudiantes habrían tenido que refugiarse dentro del campus de la Universidad de Antioquia, mientras circularon señalamientos sobre ataques de civiles, presuntos infiltrados y uso excesivo de la fuerza contra periodistas.
La jornada de movilización social del 14 de octubre dejó graves denuncias en Medellín. Después de varias horas de manifestaciones contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una intervención policial en inmediaciones de la Universidad de Antioquia provocó denuncias de represión contra estudiantes que participaban en las protestas pacíficas.
Lo que había comenzado como una expresión de inconformidad ciudadana terminó en enfrentamientos cerca del campus universitario. Según las denuncias difundidas durante la jornada, estudiantes tuvieron que buscar refugio dentro de las instalaciones de la universidad ante la intensidad de la actuación policial.
Denuncian civiles agresores, presuntos infiltrados y ataques a la prensa
La actuación de la Policía se concentró en el sector de la calle Barranquilla, uno de los principales accesos a la Universidad de Antioquia. Las denuncias señalan que la intervención afectó a estudiantes y manifestantes que se encontraban en el sector, y que algunos debieron ingresar al campus para protegerse.
Durante la jornada también circularon denuncias sobre civiles que habrían atacado a manifestantes y personas presuntamente infiltradas entre quienes participaban en la protesta. A estos señalamientos se sumaron reportes de posibles agresiones y uso desproporcionado de la fuerza contra periodistas que cubrían los acontecimientos.
Estos hechos constituirían graves afectaciones a las garantías de manifestación y al ejercicio de la libertad de prensa.
La Universidad de Antioquia no puede convertirse en escenario de intimidación
La Universidad de Antioquia es un espacio de formación, pensamiento crítico y participación democrática. Sus estudiantes tienen derecho a manifestarse sin que esa condición los convierta en objetivos de actuaciones arbitrarias.
Lo sucedido el 14 de octubre exige una investigación independiente, la identificación de posibles víctimas y un balance público de las actuaciones policiales.
También exige respuestas sobre las denuncias de agresiones contra periodistas y sobre la presunta participación de civiles en los enfrentamientos.
La obligación del Estado es garantizar la protesta, no castigar colectivamente a quienes salen a las calles. Si se confirma que estudiantes pacíficos fueron agredidos o forzados a refugiarse por una intervención desproporcionada, los responsables deberán responder.
Las autoridades tienen ahora la obligación de esclarecer lo ocurrido y demostrar que el respeto por los derechos fundamentales no termina a las puertas de una universidad pública.
