El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció este martes una de las decisiones más fuertes desde que asumió el cargo: solicitó la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional y aseguró que cada caso será evaluado para definir quién continúa y quién deberá salir.
“He solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones y resultados para evaluar su continuidad o retiro”, escribió Quintero a través de sus redes sociales.
La medida representa un remezón dentro del sistema de salud colombiano y llega en medio de fuertes cuestionamientos sobre el estado financiero y operativo de varias EPS que hoy permanecen bajo intervención estatal, como Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca.
Pero más allá del anuncio, el mensaje político de fondo es claro: el Gobierno de Gustavo Petro busca demostrar que no llegó a proteger a las EPS ni a encubrir malos manejos, sino a intervenir un sistema que durante años terminó convertido, según múltiples críticas, en un negocio multimillonario construido con los recursos de la salud de millones de colombianos.
El anuncio de Quintero se produjo luego de que la Contraloría emitiera una alerta por el deterioro crítico de las EPS intervenidas, señalando problemas financieros, incremento de deudas con hospitales y clínicas, aumento de quejas y graves dificultades en la entrega de medicamentos y servicios médicos.
Sin embargo, Quintero fue más allá y reconoció públicamente que las intervenciones no han logrado salvar a muchas EPS, no solo en este Gobierno sino históricamente. Según explicó, gran parte del problema es estructural: interventores sin capacidad de capitalizar entidades quebradas y un sistema que permitió durante décadas el desvío y mal manejo de recursos públicos.
En declaraciones recientes, el superintendente lanzó fuertes críticas al modelo tradicional de EPS y aseguró que muchas terminaron en cuidados intensivos después de utilizar recursos de la salud para otros fines mientras maquillaban sus cifras financieras. También sostuvo que algunas entidades privilegiaron negocios privados mientras millones de usuarios enfrentaban barreras para acceder a medicamentos, especialistas o tratamientos.
Para sectores cercanos al Gobierno, esta decisión busca marcar distancia frente a las viejas prácticas políticas y administrativas que durante años defendieron un modelo altamente cuestionado por pacientes, trabajadores de la salud y organizaciones sociales. La narrativa oficial insiste en que el problema no nació con las intervenciones actuales, sino con décadas de privatización y manejo clientelista de los recursos de la salud.
La Supersalud ahora iniciará un proceso de revisión de desempeño para determinar qué interventores realmente lograron avances en atención, saneamiento financiero y cumplimiento con los usuarios, y cuáles terminaron profundizando la crisis.
En medio del debate nacional por la reforma a la salud, el anuncio también se interpreta como un mensaje político del Gobierno Petro: la crisis del sistema no puede seguir descargándose sobre los pacientes mientras algunos sectores continúan defendiendo un modelo que, según el Ejecutivo, permitió que la salud terminara convertida en un negocio para unos pocos y en una tragedia cotidiana para millones de colombianos.
