Una nueva polémica estalló en Medellín tras la difusión de videos donde varios contratistas identificados con uniformes que dicen “Somos Convivencia” rodean y agreden físicamente a un joven en espacio público. Las imágenes han generado indignación y cuestionamientos sobre el rol de estos equipos vinculados a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía.
Estos grupos hacen parte de estrategias institucionales orientadas a fortalecer la convivencia ciudadana, mediar conflictos y prevenir violencias, no a ejercer acciones de fuerza física contra ciudadanos. La propia política de seguridad y convivencia del Distrito establece que estas intervenciones deben promover civilidad y solución pacífica de conflictos.
Sin embargo, el hecho denunciado muestra lo contrario: varios contratistas civiles actuando en grupo, rodeando a un ciudadano y agrediéndolo, lo que ha encendido críticas sobre la forma en que se están ejecutando los operativos de control en la ciudad.
El episodio además revive un antecedente reciente que generó fuerte rechazo: meses atrás, dos defensores de derechos humanos denunciaron haber sido golpeados por personal de convivencia durante un procedimiento en Medellín. Organizaciones sociales advirtieron entonces sobre el riesgo de que estos equipos, que no son fuerza pública, terminaran actuando como cuerpos de control.
La repetición de estos hechos ha llevado a cuestionamientos directos contra la administración de Federico Gutiérrez. Sectores ciudadanos señalan que bajo su gobierno se está desdibujando la diferencia entre mediación y confrontación, utilizando contratistas civiles para intervenir físicamente a ciudadanos.
También crece la preocupación por la falta de protocolos claros. ¿Qué facultades tienen? ¿Quién supervisa sus actuaciones? ¿Por qué intervienen físicamente si no son autoridad policial? Estas preguntas han surgido luego de que los uniformes institucionales —que dicen “Somos Convivencia”— aparezcan en nuevos episodios de violencia.
Para organizaciones sociales, el problema no es solo el hecho puntual, sino el mensaje institucional: equipos creados para la convivencia terminan involucrados en agresiones. Esto, advierten, contradice el enfoque de mediación y prevención que debería orientar estas estrategias.
La polémica vuelve a poner presión sobre la Alcaldía. Porque cuando quienes llevan uniformes de “convivencia” terminan golpeando ciudadanos, el problema ya no es solo operativo: es político.
