Cuando el “voy por ustedes” terminó en sangre en las universidades colombianas

Ante el “voy por ustedes” de Abelardo de la Espriella, esta es la historia que explica por qué estudiantes y organizaciones defienden la autonomía universitaria.

Asesinatos, desapariciones, amenazas, desplazamientos y universidades sometidas por estructuras paramilitares hacen parte de una historia documentada por la Comisión de la Verdad. Ante las palabras de Abelardo de la Espriella, las cifras explican por qué estudiantes reclaman que la autonomía no se toca.

Las universidades ya fueron víctimas del “voy por ustedes” de los paramilitares El “voy por ustedes” pronunciado por el presidente Abelardo de la Espriella al anunciar que la Fuerza Pública podrá entrar a las universidades toca una herida que Colombia todavía no ha cerrado. Porque las universidades colombianas ya conocieron su propio “voy por ustedes”.

No fue una frase. Fueron listas negras, amenazas, desapariciones, asesinatos de profesores y estudiantes, desplazamientos y, en algunos casos, estructuras paramilitares que consiguieron penetrar las propias instituciones.

La Comisión de la Verdad concluyó que durante el conflicto los grupos armados desarrollaron distintas estrategias para dominar los espacios universitarios. En el caso de agentes estatales y estructuras paramilitares, documentó una persecución violenta de estudiantes y profesores cuyas actividades eran señaladas como expresiones del supuesto “enemigo interno”. Y las cifras permiten dimensionar esa tragedia.

Universidad de Córdoba: cuando los paramilitares se tomaron una universidad

Uno de los casos más graves ocurrió en la Universidad de Córdoba. Allí no hubo solamente amenazas desde afuera. La institución fue reconocida como víctima colectiva por los daños sufridos durante la ocupación paramilitar. La Comisión de la Verdad documentó cómo las AUC, bajo el mando de Salvatore Mancuso, intervinieron progresivamente en la vida universitaria, sus decisiones y estructuras.

El informe de la Comisión registra para la Universidad de Córdoba, entre 1995 y 2005, 17 personas asesinadas, cuatro secuestradas y seis víctimas de desplazamiento o exilio, además de amenazas y otras afectaciones contra trabajadores y jubilados. No solo querían silenciar personas. Querían controlar la universidad.

Los paramilitares interfirieron en la elección de directivas, persiguieron a profesores, trabajadores y estudiantes y utilizaron la estigmatización política para identificar a quienes consideraban enemigos. Era la destrucción de la autonomía universitaria mediante las armas.

Universidad del Atlántico: más de 40 asesinados

La Universidad del Atlántico también vivió una ofensiva brutal. El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que más de 40 personas fueron asesinadas por paramilitares y más de 60 fueron amenazadas en el contexto de la violencia que golpeó a esa universidad. Entre las víctimas estuvieron profesores y sindicalistas.

El docente Lisandro Vargas, quien había denunciado hechos de corrupción en la universidad, fue asesinado el 23 de febrero de 2001. Su hermano Miguel Ángel fue asesinado 82 días después. Y uno de los crímenes más estremecedores contra la academia colombiana ocurrió tres años después.

Alfredo Correa de Andreis: de la estigmatización al asesinato

El sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andreis fue detenido en 2004 después de ser falsamente señalado de tener vínculos con la guerrilla. Recuperó su libertad y, semanas después, el 17 de septiembre de ese año, fue asesinado en Barranquilla junto con su escolta. No se trató simplemente de un crimen paramilitar únicamente ni un crimen cualquiera.

La justicia determinó que detrás de su persecución existió una alianza criminal entre funcionarios del DAS y las AUC. Información del organismo de inteligencia terminó en manos de los paramilitares del Bloque Norte comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El Estado colombiano posteriormente pidió perdón por lo ocurrido.

La Comisión de la Verdad señaló que desde el DAS se entregaron listas a paramilitares para asesinar líderes sociales. Una de esas víctimas fue Correa de Andreis. Las denominadas “listas negras del DAS” contenían por lo menos veinte nombres, principalmente sindicalistas, dirigentes de izquierda y profesores. Primero vino el señalamiento. Después, la persecución. Finalmente, el asesinato.

Universidad de Antioquia: profesores y estudiantes asesinados

Medellín también conoce esta historia. La Comisión de la Verdad documentó 15 integrantes de organizaciones estudiantiles y profesorales de la Universidad de Antioquia asesinados durante el segundo semestre de 1987. Eran estudiantes, docentes y empleados vinculados a organizaciones universitarias, movimientos de derechos humanos y sectores políticos de izquierda.

La propia Universidad de Antioquia registra una cifra ligeramente más amplia para ese periodo: 17 profesores y estudiantes asesinados por paramilitares entre julio y diciembre de 1987. Entre las víctimas estuvieron profesores que se convirtieron en símbolos nacionales de la defensa de los derechos humanos.

Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur fueron asesinados el 25 de agosto de 1987. Meses después fue asesinado Luis Fernando Vélez Vélez, profesor que había asumido la presidencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia. La persecución alcanzó también a estudiantes cuyos nombres siguen inscritos en la memoria de la universidad.

UIS: 57 asesinados o desaparecidos

En la Universidad Industrial de Santander, un informe de la Corporación Credhos entregado a la Comisión de la Verdad documentó 57 integrantes de esa comunidad universitaria asesinados o desaparecidos entre 1947 y 2011. De ellos, 42 eran estudiantes, cinco exestudiantes, tres egresados, tres profesores, tres empleados y un exempleado.

Entre las víctimas estuvo Jesús María “Chucho” Peña, poeta, dirigente cultural y estudiante de la UIS. Fue desaparecido el 30 de abril de 1986, torturado y posteriormente asesinado.

La historia de la UIS contiene, además, un antecedente inquietante para la discusión actual: la Comisión de la Verdad recordó que en 2007, mientras la comunidad universitaria recibía amenazas del Bloque Central Bolívar, el Gobierno de Álvaro Uribe autorizó a la Policía a ingresar a las universidades sin consentimiento previo de sus autoridades y promovió la incorporación de estudiantes a redes de informantes.

Universidad del Magdalena: matar al supuesto “enemigo”

En la Universidad del Magdalena, los paramilitares también utilizaron la acusación de pertenecer o colaborar con la guerrilla para justificar asesinatos. El exjefe paramilitar Hernán Giraldo reconoció ante Justicia y Paz que los homicidios de integrantes de la comunidad universitaria estuvieron relacionados con la lógica según la cual todo aquello que consideraran cercano a la guerrilla debía ser eliminado.

Entre 2000 y 2002 fueron asesinados el estudiante Hugo Maduro, el vicerrector Julio Otero Muñoz y el decano Roque Morelli Zárate. Exintegrantes de las estructuras paramilitares confesaron posteriormente su responsabilidad en esos tres homicidios.

Y el fenómeno fue regional. La Comisión de la Verdad encontró que entre 1997 y 2007 se produjo el periodo de mayor violencia contra las universidades públicas del Caribe. En Córdoba hubo control paramilitar; en Magdalena fueron asesinados estudiantes y docentes; y en las universidades de Cartagena y Sucre se registraron amenazas, desapariciones, torturas y asesinatos contra dirigentes estudiantiles.

La Comisión de la Verdad encontró que la estigmatización del movimiento estudiantil y de las propias universidades como espacios asociados al “enemigo interno” precedió y acompañó parte de las violencias que después padecieron sus comunidades. Incluso el general retirado Óscar Naranjo reconoció ante la Comisión que esa doctrina contribuyó a estigmatizar al movimiento estudiantil.

El Informe Final recoge una dimensión todavía mayor de la tragedia: una base de datos entregada a la Comisión registró 767 estudiantes asesinados entre 1971 y 2011. Para uno de los periodos estudiados, otra base contabilizó 339 crímenes contra universitarios, atribuyendo 67 de ellos a paramilitares. Por eso el “voy por ustedes” presidencial no llega a una sociedad sin memoria.

Llega a las universidades donde todavía se recuerdan los nombres de profesores asesinados. A campus donde estudiantes fueron desaparecidos. A instituciones que vieron entrar listas negras, amenazas y armas. Y a una generación que heredó una advertencia escrita con demasiada sangre: la estigmatización puede ser el primer paso de violencias mucho más graves.

Cuando hoy estudiantes y organizaciones responden “la universidad no se toca” y “la autonomía no se negocia”, no están hablando solamente del presente. Están hablando también de quienes no sobrevivieron al anterior “voy por ustedes”.