El expresidente fue citado a indagatoria por hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia. La investigación busca establecer qué sabía, qué hizo —o dejó de hacer— frente a la violencia paramilitar que golpeó a Ituango y qué relación pudo existir con el asesinato del defensor de derechos humanos.
Casi 30 años después de las masacres de La Granja y El Aro y del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, Álvaro Uribe vuelve a estar frente a la justicia por uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de Antioquia.
Este viernes 4 de septiembre, el expresidente fue citado a indagatoria ante la Fiscalía, dentro de una investigación sobre hechos ocurridos entre 1996 y 1998, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Pero, ¿qué está investigando realmente la Fiscalía?
En La Granja, corregimiento de Ituango, paramilitares asesinaron en junio de 1996 a cuatro habitantes y provocaron desplazamientos y destrucción. Un año después, en octubre de 1997, aproximadamente 150 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá llegaron a El Aro, donde asesinaron a 17 personas, quemaron decenas de viviendas, robaron ganado y provocaron el desplazamiento de cerca de 700 habitantes.
Ambos casos terminaron incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano en 2006 por su responsabilidad en la violación de derechos de las víctimas y por la falta de una investigación adecuada. En 2018, la Corte Suprema declaró las masacres como crímenes de lesa humanidad.
Y en medio de esas denuncias estaba Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos que había advertido públicamente sobre la violencia paramilitar en Ituango y sobre la presunta connivencia entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares.
Valle fue asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998, después de haber denunciado reiteradamente la situación que estaban viviendo las comunidades de Ituango. Ahora, la Fiscalía también investiga ese homicidio dentro del expediente contra Uribe.
La investigación no plantea simplemente si Uribe estuvo físicamente en el lugar de las masacres. Una de las preguntas centrales es qué información tenía entonces como gobernador y si cumplió con sus deberes de proteger a la población, teniendo en cuenta la presencia y las incursiones de grupos paramilitares en la zona. La Fiscalía también investiga hipótesis relacionadas con una posible participación en la conformación de estructuras paramilitares y con los hechos de San Roque.
La defensa de Uribe, por su parte, niega cualquier responsabilidad y sostiene que el expresidente no tuvo conocimiento anticipado de las masacres ni vínculos con la creación o financiación de grupos paramilitares.
Por eso es importante precisar qué significa la diligencia de este viernes: una indagatoria no es una condena. Es el momento procesal en el que el investigado tiene la oportunidad de entregar su versión de los hechos. Después, la Fiscalía deberá continuar con la investigación y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación o si, por el contrario, debe archivar el proceso.
Lo que vuelve especialmente relevante esta diligencia es que las preguntas que hoy enfrenta Uribe están relacionadas con hechos que marcaron para siempre a comunidades campesinas de Antioquia y que, pese al paso de las décadas, siguen sin cerrar completamente sus heridas ni todas sus preguntas judiciales.
Porque detrás del expediente no hay solamente nombres de políticos, militares o paramilitares.
Están las familias de los campesinos asesinados, las comunidades desplazadas de Ituango y la memoria de un defensor de derechos humanos que denunció la violencia antes de convertirse él mismo en víctima.
Casi tres décadas después, la justicia vuelve a preguntar qué ocurrió en Antioquia y quiénes tenían el deber de impedirlo.
