El expresidente señaló al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, por presuntamente solicitar dos hojas de vida a un congresista del Centro Democrático. La denuncia estalla mientras el Gobierno busca votos para su reforma tributaria y enfrenta incertidumbre sobre el futuro jurídico de su partido.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció este 3 de noviembre que el ministro de Hacienda del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez, habría solicitado dos hojas de vida a un congresista del Centro Democrático, en medio de la discusión de la controvertida Ley de Rescate Económico.
La acusación desató un enfrentamiento público entre el jefe de uno de los principales partidos de la coalición gubernamental y el ministro encargado de conseguir respaldo político para la reforma tributaria. Uribe mencionó directamente al representante a la Cámara por Caldas Mateo Hidalgo y advirtió a los congresistas de su colectividad que no deben entregar hojas de vida al Ejecutivo.
Posteriormente, el expresidente aseguró que el propio representante le había informado sobre la presunta solicitud de dos hojas de vida. Según su relato, se habría mencionado a un ciudadano de Caldas que apoyó electoralmente a De la Espriella para un eventual nombramiento en una entidad nacional.
¿Cargos públicos a cambio de apoyo político?
La denuncia tiene especial relevancia por el momento en que se produce. El Gobierno necesita construir mayorías en el Congreso para aprobar su Ley de Rescate Económico, una reforma tributaria que ha provocado críticas incluso entre sectores que respaldaron la llegada de De la Espriella a la Presidencia.
La solicitud de hojas de vida a congresistas puede generar sospechas de clientelismo cuando coincide con negociaciones legislativas. Sin embargo, hasta ahora no se ha demostrado que el ministro haya ofrecido nombramientos a cambio de votos.
El partido presidencial también enfrenta una disputa por su personería jurídica
La controversia coincide con otro problema político para el mandatario: el futuro de Defensores de la Patria, su partido. Aunque el Consejo Nacional Electoral le reconoció personería jurídica el 3 de agosto de 2026, esa decisión enfrenta demandas de nulidad ante el Consejo de Estado. El 15 de octubre, el alto tribunal negó suspender provisionalmente la personería. Por tanto, la organización conserva actualmente su reconocimiento, pero todavía está pendiente una decisión definitiva sobre la legalidad de su creación.
A esa incertidumbre se suma la solicitud de fusión por absorción entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional, presentada ante el CNE. La operación permitiría conservar el nombre del partido presidencial mediante la estructura jurídica de Salvación Nacional, siempre que reciba la aprobación correspondiente.
La simultaneidad de estos acontecimientos evidencia las dificultades del Gobierno para consolidar una estructura política propia y mantener cohesionados a sus aliados.
Una denuncia que desmiente el discurso anticorrupción
El episodio deja al descubierto tensiones dentro del bloque político que llevó a De la Espriella al poder.
Por un lado, Uribe denuncia una práctica que podría constituir clientelismo. Por otro, el ministro de Hacienda niega los hechos mientras busca respaldos para una reforma que necesita superar el debate legislativo.
La pregunta ya no es solamente si el Gobierno conseguirá los votos para aprobar sus proyectos, sino cómo pretende conseguirlos y qué garantías existen para impedir que los cargos públicos se conviertan en instrumentos de negociación política.
