Abelardo de la Espriella abre $25 billones más de deuda y aumenta el poder de los privados sobre las finanzas del Estado

El Gobierno elevó casi 30 % el monto autorizado para emitir TES en 2026. Son $25 billones más frente al techo establecido durante Petro y una mayor exposición del Estado a sus acreedores.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella elevó de $85,25 a $110,25 billones el monto de TES autorizado para 2026. Son $25 billones adicionales frente a lo dispuesto durante el gobierno Petro, aumentando la dependencia del Estado de bancos, fondos e inversionistas privados que compran la deuda pública.

Con esta decisión del gobierno de derechas los bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de inversión y otros compradores privados entregan recursos al Estado y Colombia queda obligada a devolver el capital más intereses. Mientras más dependa el Gobierno de conseguir dinero en esos mercados, mayor será el peso de sus acreedores sobre las finanzas públicas, pues son los inversionistas quienes deciden rendimientos de la nueva deuda.

Lo que hoy recibe el Gobierno mediante TES deberá pagarlo Colombia mañana y el decreto no establece una tasa única para esos $110,25 billones.

La decisión también coincide con otro giro económico del nuevo Gobierno: Hacienda publicó un proyecto para desmontar el límite impuesto por Petro a las inversiones de las AFP en el exterior, una medida que buscaba orientar hasta $125 billones del ahorro pensional hacia Colombia. Son decisiones distintas, pero muestran una orientación: mientras se ofrece mayor libertad a grandes administradores privados del ahorro, el Estado amplía en $25 billones su margen para acudir al mercado y conseguir recursos prestados. Noti Toro: dinero de las pensiones al exterior

Cada TES tiene entonces dos caras: para quien lo compra es un activo que genera rentabilidad; para Colombia es una deuda que deberá pagar con intereses. Espriella tendrá $25 billones más de margen para endeudarse que el autorizado durante el gobierno Petro, dejando una pregunta que tendrá que responder Hacienda: cuánto utilizará, a qué tasas lo hará y cuántos recursos públicos terminarán convertidos en rentabilidad para los acreedores del Estado.