El gobierno de Abelardo de la Espriella dio un paso formal para desmontar una de las decisiones económicas adoptadas durante los últimos meses de Gustavo Petro: el límite que buscaba reducir las inversiones de los fondos privados de pensiones en el extranjero y aumentar los recursos disponibles para inversión en Colombia.
Este 10 de septiembre, el Ministerio de Hacienda publicó oficialmente un proyecto de decreto que propone eliminar el límite global del 30 % para las inversiones en activos del exterior de los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP. Asofondos celebra la decisión demostrando nuevamente que el gobierno de derecha no favorece al país sino a los privados.
En caso de que el Decreto se firme Colombia perdería las posibilidades de invertir cerca de 125 billones de pesos en su propio desarrollo y con el aporte de los miles de trabajadores que cotizan en los fondos privados de pensiones. Además las AFP privadas están ganando con el dinero.
La apuesta del gobierno Petro era que una mayor proporción del ahorro de los trabajadores pudiera encontrar oportunidades de inversión dentro del país, incluyendo proyectos productivos e infraestructura.
Petro buscaba que una mayor parte de la plata se invirtiera en Colombia
Cuando el gobierno Petro expidió el Decreto 0369, los fondos privados administraban $527,3 billones en ahorro pensional obligatorio. De esa suma, $257,1 billones estaban invertidos en activos del exterior, equivalentes al 48,8 % de todo el portafolio, según cifras de la Superintendencia Financiera utilizadas por la Unidad de Regulación Financiera.
La norma estableció una transición de cinco años: las AFP debían reducir la exposición conjunta en el extranjero hasta un 35 % durante los primeros tres años y llegar finalmente al 30 %. Hacienda defendió entonces que el proceso sería gradual y que incorporaba una salvaguarda para que las AFP pudieran mantener inversiones externas cuando el ajuste pusiera en riesgo la seguridad o rentabilidad de los recursos, siempre que lo justificaran técnicamente ante la Superintendencia Financiera.
Estimaciones publicadas cuando entró en vigencia la medida calcularon que el cambio podría llevar a que cerca de $125 billones regresaran o fueran redirigidos hacia Colombia durante los siguientes cinco años. La apuesta del gobierno Petro era que una mayor proporción del ahorro de los trabajadores pudiera encontrar oportunidades de inversión dentro del país, incluyendo proyectos productivos e infraestructura.
El gobierno Petro había planteado que casi la mitad del gigantesco ahorro pensional obligatorio de los trabajadores colombianos termina invertido fuera del país mientras Colombia necesita capital de largo plazo para financiar su propio desarrollo.
Un negocio que también deja millonarias utilidades a las administradoras
Porvenir, la AFP más grande del país, reportó $701.905 millones de utilidad neta durante 2025, mientras administraba $271 billones en activos. Protección, por su parte, obtuvo $377.000 millones de utilidad neta y registró $450.000 millones de ingresos únicamente por las comisiones asociadas a pensiones obligatorias.
Entre ambas administradoras sumaron así cerca de $1,08 billones de utilidades netas en un solo año, según cálculo de Noti Toro a partir de sus propios reportes financieros. Esas utilidades tampoco corresponderían a los dividendos entregados a los pensionados en Colombia.
