La pobreza multidimensional en zonas rurales registró una reducción de 4,9 puntos porcentuales entre 2022 y 2025, marcando uno de los descensos más relevantes en los últimos años en el campo colombiano.
Este indicador, que mide privaciones en educación, salud, vivienda, empleo y acceso a servicios públicos, permite dimensionar cambios estructurales en la calidad de vida. La caída reportada implica que aproximadamente entre 450 mil y 600 mil personas rurales dejaron de estar en condición de pobreza multidimensional en este periodo, dependiendo de la proyección poblacional.
El resultado se da en el marco de la implementación de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Nacional, que ha priorizado tres líneas: acceso y formalización de tierras, fortalecimiento de economías campesinas y ampliación de la presencia institucional en territorios históricamente excluidos.
Según datos oficiales, en este periodo se han acelerado procesos de compra y adjudicación de tierras, junto con programas de crédito rural, asistencia técnica y compras públicas de alimentos a pequeños productores. Estas medidas han incidido directamente en variables críticas del índice, como condiciones de vivienda, acceso a ingresos y seguridad alimentaria.
Otro factor relevante ha sido la expansión de programas sociales y de inversión en infraestructura básica rural, particularmente en vías terciarias, electrificación y acceso a agua, que impactan directamente los componentes del índice multidimensional.
Históricamente, la pobreza rural en Colombia ha superado ampliamente la urbana, llegando a duplicarla en algunos periodos. Por eso, una reducción de 4,9 puntos en tres años representa un avance significativo en el cierre de brechas territoriales.
Sin embargo, el panorama sigue siendo desafiante. A pesar de la reducción, la incidencia de pobreza multidimensional en el campo continúa siendo considerablemente más alta que en las ciudades, lo que evidencia que el rezago estructural aún no se ha resuelto.
El comportamiento de este indicador también tiene implicaciones en otros frentes: menor pobreza rural está asociada a reducción de economías ilegales, mayor estabilidad territorial y mejores condiciones para la paz en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
El contraste político es evidente. Durante décadas, la política agraria estuvo marcada por baja ejecución, concentración de la tierra y limitada intervención estatal. Hoy, los datos comienzan a reflejar que un enfoque centrado en redistribución, inversión rural y fortalecimiento campesino puede generar impactos medibles.
El reto hacia adelante será sostener esta tendencia, ampliar la cobertura de las políticas rurales y garantizar que los avances no sean reversibles ante cambios políticos o presiones de sectores tradicionales.
