El II Congreso Nacional de Restitución de Tierras reunió en Barranquilla a instituciones, comunidades y víctimas para definir una hoja de ruta sobre reparación, territorio y paz
En medio de los retos que aún deja el conflicto armado en Colombia, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), realizó en Barranquilla el II Congreso Nacional de Restitución de Tierras, un espacio que reunió a líderes sociales, víctimas, organizaciones campesinas, pueblos étnicos, académicos e instituciones para discutir el futuro de la reparación integral y el acceso a la tierra en el país.
Bajo el lema “Diversidad, Territorio y Futuro”, el congreso se convirtió en un escenario de articulación nacional donde se plantearon estrategias para acelerar los procesos de restitución, fortalecer la justicia territorial y garantizar derechos a miles de familias que fueron víctimas de despojo y desplazamiento forzado durante décadas de violencia.
La restitución de tierras sigue siendo una deuda histórica
La política de restitución de tierras en Colombia nació con la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca devolverles a las víctimas los predios que abandonaron o les fueron arrebatados por grupos armados.
Sin embargo, el proceso ha enfrentado enormes dificultades: amenazas contra reclamantes, lentitud judicial, conflictos por propiedad rural y abandono estatal en muchas regiones.
Por eso, durante el congreso se discutieron mecanismos para hacer más eficiente la restitución, garantizar seguridad jurídica y ampliar la presencia institucional en los territorios más golpeados por el conflicto armado.
El Caribe aparece como una de las regiones clave
Uno de los focos principales del encuentro fue la región Caribe, donde la Unidad de Restitución de Tierras reportó importantes avances en los últimos meses.
Según cifras conocidas recientemente, en Magdalena y Atlántico ya existen 889 decisiones favorables de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, además de más de 826 demandas radicadas ante jueces especializados.
La entidad también destacó que se han impulsado proyectos productivos para familias restituidas con inversiones cercanas a los $10.000 millones, buscando que la reparación no se limite únicamente a devolver tierras, sino también a reconstruir proyectos de vida y fortalecer economías campesinas.
Comunidades afro, indígenas y campesinas, en el centro del debate
El congreso hizo énfasis en los enfoques diferenciales y en la necesidad de garantizar derechos territoriales a comunidades históricamente excluidas.
Uno de los casos destacados recientemente es el del Consejo Comunitario Nelson Mandela, en Atlántico, donde la justicia admitió por primera vez una demanda de restitución en favor de una comunidad afrodescendiente compuesta por 396 personas pertenecientes a 97 familias.
Además, las discusiones incluyeron temas como:
- acceso de mujeres rurales a la tierra,
- protección de territorios étnicos,
- reforma agraria,
- seguridad jurídica,
- ordenamiento territorial,
- sostenibilidad ambiental,
- y fortalecimiento de la economía campesina.
Gobierno busca conectar restitución con reforma agraria
El evento también dejó claro que el Gobierno Nacional pretende articular la restitución de tierras con la reforma agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La apuesta es que la reparación a víctimas no sea vista únicamente como un proceso judicial, sino como parte de una transformación estructural del campo colombiano, donde haya democratización de la tierra, reconocimiento al campesinado y fortalecimiento de la producción rural.
Incluso, Colombia se prepara para convertirse en sede de debates internacionales sobre reforma agraria y gobernanza de la tierra durante 2026, posicionándose como uno de los países que busca liderar discusiones globales sobre justicia territorial y desarrollo rural.
La reparación no es solo devolver una finca
Durante las discusiones se insistió en que la restitución de tierras implica mucho más que entregar títulos de propiedad.
La política también busca:
- reparar el daño causado por el conflicto,
- reconstruir tejido social,
- garantizar retorno digno,
- fortalecer la soberanía alimentaria,
- y evitar que el despojo vuelva a repetirse.
En un país donde millones de hectáreas fueron arrebatadas por la violencia y donde miles de familias campesinas aún esperan justicia, el II Congreso Nacional de Restitución de Tierras aparece como un intento por acelerar una de las deudas históricas más grandes del Estado colombiano con las víctimas del conflicto armado.
