Después de más de tres años de construcción con estudiantes, docentes, rectores, trabajadores y organizaciones sociales, el Gobierno Nacional entregó oficialmente a la bancada del Pacto Histórico el proyecto de Reforma Integral a la Ley 30 de 1992, una iniciativa que busca modernizar el sistema de educación superior colombiano por primera vez en más de 30 años.
La propuesta pretende dejar atrás un modelo que, según el Gobierno, se quedó corto frente a las necesidades actuales del país. El proyecto plantea reconocer la educación superior como un derecho fundamental y un bien común, fortaleciendo el papel del Estado para garantizar el acceso, la permanencia y la calidad educativa en todas las regiones.
Uno de los pilares de la reforma es consolidar la financiación de las instituciones públicas. El Gobierno recuerda que el primer paso ya se dio con la aprobación de la Ley 2568 de 2026, que modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para garantizar una base presupuestal más sólida y progresiva para las universidades estatales. Ahora, con esta reforma integral, busca complementar ese avance con cambios estructurales al sistema.
Entre los objetivos del proyecto están ampliar los cupos en educación superior, fortalecer la investigación científica, impulsar la innovación, reducir las brechas entre regiones y consolidar un sistema universitario con mayor capacidad para responder a las necesidades sociales y productivas del país. También busca articular mejor la educación media, técnica, tecnológica y universitaria, facilitando las trayectorias educativas de millones de jóvenes.
El Ministerio de Educación asegura que el articulado es el resultado de un amplio proceso participativo desarrollado entre 2023 y 2026, en el que se realizaron diálogos territoriales con la comunidad académica en diferentes regiones del país. Muchas de las demandas históricas del movimiento estudiantil y de las universidades públicas quedaron incorporadas en el texto que ahora comenzará su trámite en el Congreso.
Con la entrega del proyecto a la bancada del Pacto Histórico comienza ahora el debate legislativo de una iniciativa que el Gobierno considera una de las transformaciones más importantes para la educación superior desde la expedición de la Ley 30 en 1992. Si es aprobada por el Congreso, redefinirá las bases sobre las que funcionará el sistema universitario colombiano durante las próximas décadas.
