Mientras miles de colombianos se concentran en reconstruir sus hogares y comunidades después del terremoto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó una decisión que vuelve a poner a Santurbán en el centro de la preocupación ambiental.
El Ministerio de Ambiente revocó la resolución que había protegido 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander, una medida adoptada durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.
La protección tenía una importancia enorme: impedía nuevos contratos, autorizaciones y licencias para proyectos de mediana y gran minería en esa zona, ubicada en el entorno de uno de los ecosistemas más importantes para la regulación y provisión de agua del nororiente colombiano.
Ahora esa protección quedó sin efecto.
El Gobierno de Abelardo argumenta que la medida anterior tenía problemas de procedimiento y que será necesario iniciar un nuevo proceso con mayores garantías jurídicas y participación ciudadana.
Pero el resultado inmediato es claro: las 1.499 hectáreas que Petro había dejado protegidas vuelven a quedar en un escenario de incertidumbre frente a la actividad minera.
La decisión no significa que automáticamente se haya autorizado una explotación minera. Pero sí elimina una barrera que restringía nuevos proyectos de mediana y gran minería.
Y por eso la pregunta es inevitable: ¿qué viene ahora para Santurbán?
Si el Gobierno encontró irregularidades en el procedimiento, debe corregirlas. Si existen razones técnicas para modificar la protección, debe explicarlas públicamente.
Pero mientras se adelanta ese nuevo proceso, la defensa del agua no puede quedar en segundo plano.
