El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que el Gobierno dejará de comprar predios privados para destinarlos a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. La decisión toca uno de los mecanismos centrales que impulsó la reforma agraria durante el gobierno de Gustavo Petro.
Una declaración del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, encendió este martes las alarmas entre sectores defensores de la reforma agraria. Durante su intervención en el Congreso de la República, el ministro anunció que su administración no continuará con la compra de predios privados para su posterior entrega a campesinos.
El expresidente Gustavo Petro también reaccionó y sostuvo que Dangond está poniendo fin a la reforma agraria al cerrar ese mecanismo de adquisición de tierras. “Dangond acaba de poner final a la reforma agraria anuncia que no comprará más predios a los hacendasos para ser entregadas a los campesinos”
El representante a la Cámara Alejandro Toro también ha defendido públicamente la política de acceso a la tierra. En intervenciones registradas en el Congreso ha relacionado la entrega de tierras con la reparación de las víctimas del desplazamiento, la garantía de no repetición y la transformación de las condiciones que históricamente han afectado al campesinado. Aunque hasta ahora no se ha identificado un pronunciamiento suyo sobre este anuncio específico de Dangond, su posición previa ubica al congresista entre los defensores de la reforma agraria.
La compra directa de predios fue una de las herramientas utilizadas durante el gobierno Petro para ampliar el acceso a la tierra sin recurrir a la expropiación. En el balance definitivo de cierre, la Agencia Nacional de Tierras reportó cerca de 382.000 hectáreas entregadas al campesinado, más de 2,4 millones de hectáreas formalizadas y 831.323 hectáreas incorporadas al Fondo de Tierras.
Solo durante los últimos tres días de esa administración, la ANT informó la entrega y formalización de más de 61.000 hectáreas en 25 departamentos. En un balance previo de julio de 2026, el Ministerio de Agricultura había reportado cerca de 41.000 títulos de propiedad rural, más de 116.000 familias beneficiadas y una inversión pública cercana a 8 billones de pesos en acceso y distribución de tierras.
Por eso, dejar de adquirir predios privados no es simplemente un cambio administrativo, de hecho reduce una de las vías disponibles para entregar tierra a familias campesinas que carecen de ella o tienen extensiones insuficientes, precisamente una de las poblaciones que debe atender la política agraria.
La pregunta concreta es cuántas hectáreas recibirán a partir de ahora los campesinos sin tierra, mediante qué mecanismos y con qué presupuesto. Si se elimina la compra a privados sin reemplazarla por una herramienta capaz de producir resultados equivalentes, el efecto práctico será un freno a la redistribución de la tierra.
