La iniciativa crea redes de ciudadanos coordinadas por la Policía, permite vincular empresas privadas de seguridad y destina recursos públicos para su funcionamiento. Sus promotores sostienen que son mecanismos preventivos; sectores de oposición advierten similitudes y riesgos frente a la experiencia de las Convivir.
El Congreso tiene pendiente el segundo debate del Proyecto de Ley 161 de 2025 Cámara, una iniciativa que busca convertir en ley las denominadas Redes de Seguridad Ciudadana. El texto establece grupos voluntarios de mínimo cinco ciudadanos, tanto urbanos como rurales, liderados por la Policía Nacional y destinados a realizar acciones informativas, operar alarmas comunitarias y generar alertas para prevenir delitos. También permite su articulación con gremios, sector privado y empresas legalmente constituidas de vigilancia y seguridad. El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda con 10 votos a favor y dos en contra y en mayo de 2026 fue publicada la ponencia para segundo debate.
El texto presentado para segundo debate establece que no menos del 15 % del recaudo anual de Fonsecon y de los fondos territoriales de seguridad deberá utilizarse para estas redes, además de permitir recursos privados o comunitarios. El dinero público se destinaría prioritariamente a cámaras, drones de seguridad, alarmas, botones de pánico, sistemas de monitoreo y aplicaciones de comunicación. Cada red tendría además un plan con estrategias de “prevención y reacción ante hechos delictivos”, presentado anualmente a la Policía y a las autoridades territoriales. Api Congreso Visible
Desde la oposición se han encendido las alarmas por el antecedente de las Convivir. El representante Alejandro Toro votó negativamente y dejó constancia de sus preocupaciones por la financiación pública, los uniformes previstos y el alcance que podrían adquirir estas organizaciones. Toro anunció que buscaría modificar el proyecto en plenaria y recordó que Colombia ya tuvo una experiencia de organización legal de civiles alrededor de la seguridad que terminó seriamente cuestionada por su relación con el conflicto armado. La intervención y su voto negativo quedaron registrados oficialmente en el acta de la Comisión Segunda.
El antecedente enciende las alarmas
La discusión tiene un peso particular en Colombia. Las Convivir surgieron a partir del Decreto 356 de 1994 como servicios especiales y comunitarios de vigilancia. En 1997, la Corte Constitucional estudió ese régimen y dejó por fuera la posibilidad de que esos servicios especiales utilizaran armas de uso restringido y ejercieran funciones propias de la Fuerza Pública. La propia jurisprudencia de la época registró el debate sobre el peligro de involucrar civiles en el conflicto armado.
En una sentencia de Justicia y Paz sobre el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, el Tribunal Superior de Bogotá documentó la creación de doce Convivir en Urabá y examinó su relación con actores económicos y armados de esa región. Es ese antecedente histórico el que explica buena parte de la resistencia a crear nuevas organizaciones civiles alrededor de tareas de seguridad.
