El representante Alejandro Toro cuestiona el futuro de las empresas estratégicas del Estado y recuerda cómo las decisiones sobre UNE, Orbitel y Tigo transformaron el negocio público de las telecomunicaciones en Medellín. Advierte sobre el riesgo de repetir ese modelo con Ecopetrol e ISA.
El representante a la Cámara Alejandro Toro lanzó una advertencia sobre el futuro de Ecopetrol e ISA, dos de los activos estratégicos más importantes del Estado colombiano. El congresista plantea que una eventual venta de participación pública podría repetir la historia de las telecomunicaciones de Medellín, donde empresas construidas con recursos ciudadanos terminaron bajo el control de un operador privado.
La denuncia pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién gana cuando el Estado pierde el control de empresas rentables y estratégicas?
UNE, Orbitel y Tigo: la historia de un negocio público que cambió de manos
El caso de Medellín es uno de los antecedentes más significativos. UNE EPM Telecomunicaciones nació en 2006 como filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ya participaba en el sector mediante distintos negocios, entre ellos Orbitel. En 2014 se concretó la integración de UNE con Tigo, vinculada al grupo internacional Millicom. Aunque EPM conservó inicialmente una participación accionaria importante, la estructura de gobierno corporativo entregó a Millicom el control operativo de la compañía.
Con los años, esa relación cambió aún más. La administración municipal y EPM avanzaron en decisiones que facilitaron la salida del socio público del negocio de telecomunicaciones. El resultado plantea una discusión que sigue vigente: Medellín construyó durante décadas una infraestructura empresarial con recursos públicos, pero terminó perdiendo su capacidad de decisión sobre una parte fundamental de ese patrimonio.
Medellín ya perdió su participación en UNE: la venta se completó en 2026
La historia tiene un desenlace reciente. El 29 de enero de 2026, EPM culminó la venta de la totalidad de sus acciones en UNE a Millicom, después de un proceso promovido durante la administración del alcalde Federico Gutiérrez. La participación pública que se ofreció equivalía al 50,00001 % de UNE y tenía un precio mínimo anunciado de aproximadamente $2,1 billones. La operación convirtió a UNE en una empresa de naturaleza privada y puso fin a la participación accionaria de EPM.
La administración de EPM defendió la decisión argumentando que las telecomunicaciones exigían inversiones crecientes y que vender permitiría concentrar recursos en energía, gas y agua. Sus críticos, en cambio, cuestionan que una ciudad pierda definitivamente su participación en un negocio estratégico desarrollado durante décadas con inversión pública.
Los trabajadores también hacen parte de esta historia
Para Toro, la discusión sobre privatizaciones no puede limitarse al precio de las acciones. También debe incluir las condiciones de quienes construyeron las empresas públicas. Los procesos de integración, tercerización y transformación empresarial han generado serias consecuencias sobre la estabilidad laboral, la contratación y la negociación colectiva.
Ecopetrol e ISA: ¿se prepara otra venta del patrimonio público?
La preocupación del representante Toro coincide con una discusión nacional que ya tiene antecedentes concretos.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó en noviembre las propuestas de vender activos de Ecopetrol para enfrentar el déficit fiscal. La posibilidad ha sido planteada en el debate sobre la reforma tributaria y también se ha discutido una eventual venta de la participación de Ecopetrol en ISA.
Las cifras muestran la dimensión del patrimonio en discusión:
- 88,49 % de Ecopetrol estaba en manos de entidades estatales, según su composición accionaria publicada en septiembre de 2026. ecopetrol.com.co
- 51,41 % de ISA pertenece a Ecopetrol, mientras EPM conserva otro 8,82 %, según el reporte del tercer trimestre de 2026.
- Una eventual venta de la participación de Ecopetrol en ISA ha sido valorada en estimaciones de entre $17 y $20 billones, aunque no existe un precio de venta acordado.
¿Resolver una crisis fiscal vendiendo el futuro?
La advertencia de Alejandro Toro revive una discusión que Medellín conoce bien: vender una participación pública puede producir ingresos extraordinarios, pero también significa renunciar a dividendos futuros y a capacidad de decisión empresarial.
El caso UNE-Tigo demuestra que la pérdida del control público puede ser gradual y terminar siendo definitiva. Esa es la experiencia que Toro pone sobre la mesa al cuestionar el futuro de Ecopetrol e ISA.
La pregunta que deja su advertencia es si Colombia volverá a utilizar su patrimonio empresarial para atender necesidades fiscales de corto plazo, aun cuando eso implique perder capacidad de decisión sobre sectores esenciales de la economía.





