La administración de Abelardo de la Espriella anunció US$25 millones para reactivar la alianza con COLFUTURO. Meses atrás, MinCiencias había remitido a organismos de control hallazgos sobre cuentas mezcladas, recursos sin información verificable, inversiones en Panamá y dineros públicos no reintegrados oportunamente. Desfinancia la educación y lo poco que deja se lo entrega a los privados.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió reactivar la financiación pública de COLFUTURO. Este 2 de octubre, el Ejecutivo y la fundación anunciaron una alianza respaldada con US$25 millones para las cohortes de 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca. La decisión llega apenas cinco meses después de que el propio Ministerio de Ciencia denunciara ante organismos de control serias irregularidades e inconsistencias en la administración de más de $540.000 millones de recursos públicos entregados históricamente a esa entidad privada.
El 59,8 % de los beneficiarios del Crédito Beca pertenecía a los estratos 4, 5 y 6, frente al 40,2 % de los estratos 1, 2 y 3
Los hallazgos conocidos en mayo fueron graves. Según la revisión de MinCiencias, entre 2009 y 2022 COLFUTURO administró recursos públicos sin separar las cuentas de las de sus propios fondos. El Ministerio calculó unos $4.800 millones en rendimientos distribuidos mediante un prorrateo interno que, según su informe, no estaba documentado ni había sido reportado. Para los $247.025 millones administrados mediante el convenio de 2009, MinCiencias afirmó que COLFUTURO no entregó la documentación contable requerida que permitiera verificar su afirmación de que no existieron excedentes de liquidez. Minciencias
MinCiencias recordó que una auditoría de la Contraloría de 2024 había establecido un hallazgo fiscal por $3.326 millones relacionado con cartera recuperada entre 2019 y 2021 que no fue reintegrada oportunamente al Fondo Francisco José de Caldas. También hubo cuestionamientos al seguimiento administrativo y financiero realizado sobre el convenio.
El informe también señaló que en diciembre de 2024 el 93 % de los recursos permanecía inactivo en cuentas corrientes sin producir rendimientos, incluyendo cerca de US$7 millones que habrían permanecido estáticos durante más de un año en una cuenta del Banco de Bogotá en Miami
A esos cuestionamientos financieros se sumó durante el Gobierno anterior una discusión sobre quiénes recibían los beneficios del programa. Los datos oficiales del CONPES 4182 muestran que entre 2023 y 2025 el 59,8 % de los beneficiarios del Crédito Beca pertenecía a los estratos 4, 5 y 6, frente al 40,2 % de los estratos 1, 2 y 3. Para poblaciones étnicas, la participación reportada fue apenas del 2,7 % para población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y del 0,95 % para población indígena.
Los datos históricos también muestran una fuerte concentración socioeconómica, aunque no permiten decir simplemente que “todas las becas eran para los ricos”. MinCiencias sostuvo que en el informe de COLFUTURO de 2024 70 % de los apoyos correspondía a los estratos 4, 5 y 6, mientras apenas 9 % llegaba a los estratos 1 y 2. COLFUTURO controvirtió esa interpretación: argumentó que agrupar estratos 3 y 4 como sectores medios cambia considerablemente la lectura y defendió que el programa selecciona por mérito académico.
¿Qué ocurrió con las investigaciones y hallazgos que llevaron al Estado a cuestionar el manejo de más de $540.000 millones antes de comprometer otros US$25 millones?
El anuncio de reactivación destaca el mérito, la ampliación del número de beneficiarios y la intención de triplicar las oportunidades de formación. Pero el comunicado de COLFUTURO sobre el nuevo acuerdo no explica el desenlace de cada uno de los hallazgos financieros revelados en mayo ni señala que estos hayan sido desvirtuados por los organismos de control.
La discusión no consiste en cuestionar que Colombia financie maestrías y doctorados en el exterior. Se trata de algo mucho más elemental cuando hay recursos públicos involucrados: antes de volver a entregar millones de dólares a un operador cuestionado, el Estado debe explicar qué ocurrió con el dinero anterior y qué controles nuevos impedirán que se repitan los problemas encontrados.
