Campesinos y comunidades del sur de La Guajira defendieron la protección de casi 80.000 hectáreas destinadas a producir alimentos. Los registros oficiales muestran cultivos de yuca, arroz, maíz, plátano, café y fríjol que abastecen mercados locales y llegan hasta Valledupar, Riohacha y Barranquilla.
Comunidades campesinas y afro del sur de La Guajira han defendido las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió desmontar. La oposición tiene una razón concreta: estas tierras hacen parte de un corredor agrícola que registró 65.480 toneladas de alimentos en 2022, según el estudio técnico de la UPRA que sustentó su protección. La medida cobijaba 79.961 hectáreas de ocho municipios y buscaba conservar prioritariamente su vocación agropecuaria.
El estudio de la UPRA documentó circuitos de comercialización hacia Riohacha, Valledupar, San Juan del Cesar y mercados mayoristas de otras ciudades. Urumita, El Molino y San Juan del Cesar abastecen especialmente a Valledupar, mientras otros productos llegan a Riohacha. Solo durante 2022, estos municipios enviaron 1.328.940 kilos de alimentos a centrales mayoristas nacionales: 636.000 kilos llegaron a Granabastos, en Barranquilla, y 269.750 kilos al Mercado Nuevo de Valledupar. El arroz representó 664.750 kilos de esos despachos.
Las comunidades habían pedido proteger esas tierras
La defensa de las APPA surgió también desde el territorio. Cuando se declararon las áreas en 2024, el Ministerio de Agricultura reconoció que la protección se produjo después de la movilización de las comunidades. La UPRA reportó un año de socializaciones con campesinos, asociaciones y productores de los municipios involucrados. Productoras de San Juan del Cesar defendieron públicamente la medida porque consideraban que sus zonas agrícolas estaban amenazadas por otros usos, entre ellos un proyecto minero de carbón. Ministerio de Agricultura
Una de las resistencias mejor documentadas está en Cañaverales, corregimiento de San Juan del Cesar. El Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales ha defendido la permanencia de la actividad agroalimentaria y del manantial frente al proyecto de explotación de carbón de Best Coal Company. En una audiencia ante la Corte Constitucional, el Consejo sostuvo que la APPA protegía su alimentación, la economía de las comunidades y su capacidad de adaptación frente a la crisis climática. .:Revista Cien Días – Revista Cien Días
Para esa comunidad, la protección agrícola tenía además una consecuencia práctica frente a la presión minera. En 2024, Óscar Gámez Ariza, presidente del Consejo Comunitario, explicó que la declaratoria fortalecía la lucha de Cañaverales por preservar su territorio frente al proyecto carbonífero. La controversia minera continúa siendo concreta: en abril de 2026 Corpoguajira ratificó por segunda vez la negativa de licencia ambiental al proyecto de Best Coal Company por incompatibilidades ambientales, territoriales y normativas, especialmente relacionadas con los recursos hídricos. Consonante
Yuca, arroz, maíz, plátano, café, fríjol y frutas
La magnitud productiva explica parte de la resistencia. Las 65.480 toneladas registradas en 2022 corresponden a cultivos alimentarios del área estudiada en el sur de La Guajira. Allí se producen yuca, arroz de riego, maíz tradicional, plátano, malanga, ahuyama, café, aguacate, tomate, patilla, mango, fríjol, ñame, melón y ají, entre otros productos.
Los datos muestran además el peso de la agricultura campesina. El estudio técnico de la UPRA concluyó que siete de los nueve municipios inicialmente estudiados tenían más del 90 % del área de agricultura campesina, familiar y comunitaria vinculada a esta tipología productiva. El propio documento señaló que esto demostraba la importancia de esa población en la producción de alimentos del territorio.
Las tierras cuya protección especial se desmonta forman parte de una cadena que alimenta a comunidades rurales, abastece cabeceras municipales y conecta la producción del sur de La Guajira con mercados como Valledupar, Riohacha y Barranquilla. En Cañaverales esa discusión dejó de ser teórica hace años: la comunidad ha tenido que defender simultáneamente agua, tierra y producción de alimentos frente a un proyecto minero concreto. Ahora pierde una de las herramientas de ordenamiento territorial que había respaldado esa defensa.
