Un líder comunal denuncia amenazas contra funcionarios y temor a perder recursos para proyectos comunitarios. Otra denuncia señala que una convocatoria de vivienda de la Gobernación terminó convertida en campaña por el Sí al Área Metropolitana del Oriente.
Las denuncias por presuntos chantajes y presiones políticas alrededor de la consulta del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño (AMO) tienen dos episodios concretos en El Carmen de Viboral: señalamientos de intimidación contra líderes y funcionarios, y el presunto uso de un programa público de vivienda para promover el Sí.
Primera denuncia: temor a perder proyectos y presiones contra funcionarios
Carlos Arturo Martínez Restrepo, líder comunal y exfuncionario de la Alcaldía de El Carmen de Viboral, denunció en una entrevista publicada por Oriéntese el 9 de octubre de 2025 que integrantes de las juntas de acción comunal habían sentido presiones después de manifestar públicamente su oposición al AMO.
Según Martínez, algunos líderes temían que las administraciones les frenaran proyectos o negaran recursos para obras comunitarias si continuaban expresando su rechazo.
También cuestionó las presuntas presiones contra funcionarios para respaldar la propuesta metropolitana. En la entrevista, el periodista señaló que el malestar se extendía a trabajadores y contratistas de las ocho alcaldías involucradas en el proyecto. Oriéntese
Segunda denuncia: convocatoria de vivienda habría terminado en campaña política
El segundo caso ocurrió, según una denuncia publicada por el abogado Carlos Mario Patiño González, el 30 de octubre de 2026, en el parque principal de El Carmen de Viboral.
Patiño señaló que ciudadanos interesados en un programa de mejoramiento de vivienda de VIVA, la Empresa de Vivienda de Antioquia, fueron convocados a una actividad institucional que terminó utilizada para promover el Sí al AMO. En el encuentro estuvieron, según su publicación, el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde municipal y Eugenio Prieto, exfuncionario de la Gobernación.
El abogado también denunció que quienes se oponían al proyecto no contaban con las mismas oportunidades de intervenir en los eventos institucionales.
Funcionarios y contratistas, en medio de la controversia
Las denuncias no se limitan a estos dos testimonios. El medio regional Oriéntese ha cuestionado reuniones institucionales y actividades de promoción del AMO en las que, según sus publicaciones, existirían presiones para que funcionarios y contratistas asistieran o respaldaran el Sí. Estos señalamientos fueron recogidos por El Antioqueño Diario el 29 de octubre.
Pero la discusión sobre el futuro del Oriente antioqueño exige garantías para todos los ciudadanos. Ningún proyecto comunitario, contrato público o subsidio de vivienda puede convertirse en instrumento de presión política. Las autoridades de control deben esclarecer las denuncias y establecer si se utilizaron recursos institucionales para favorecer una opción electoral.
