La Corte Constitucional declaró ajustadas a la Constitución las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una iniciativa del Gobierno Petro para proteger los suelos agrícolas. El fallo contradice los cuestionamientos del Gobierno De la Espriella, aunque establece condiciones para respetar la autonomía municipal.
La Corte Constitucional dio un importante respaldo a una de las políticas impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro para proteger la producción nacional de alimentos. Mediante la Sentencia C-364 de 2026, declaró constitucionales, bajo condiciones, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
La decisión representa un revés político para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha promovido el desmonte de estas áreas bajo argumentos relacionados con la autonomía territorial y las restricciones al uso del suelo.
La Corte respalda la protección de los suelos agrícolas
Las APPA buscan preservar tierras estratégicas para la producción agropecuaria y evitar que actividades incompatibles comprometan su destinación alimentaria. La Corte estableció que esta protección es compatible con la Constitución de 1991, siempre que el Ministerio de Agricultura garantice la participación efectiva de los municipios y distritos en la declaración, modificación y eliminación de las áreas.
También determinó que el Gobierno nacional no puede reglamentar detalladamente los usos del suelo, pues esa competencia corresponde a los concejos municipales y distritales.
Un fallo que contradice los cuestionamientos del Gobierno
La decisión adquiere especial relevancia en Antioquia, donde el Gobierno De la Espriella anunció el retiro de la protección sobre cerca de 102.000 hectáreas del Suroeste antioqueño, con el respaldo del gobernador Andrés Julián Rendón. El fallo confirma que proteger jurídicamente las tierras destinadas a producir alimentos es constitucional y exige coordinación con las autoridades territoriales.
La sentencia respalda la existencia de la figura impulsada por Petro y deja un mensaje claro: la protección de los suelos agrícolas y la producción nacional de alimentos tienen respaldo constitucional. Su aplicación debe respetar la autonomía territorial, pero su existencia no puede descartarse por considerarla contraria a la Constitución.
