Un documento revelado por Noticias Uno y citado por distintos medios destapó una de las propuestas más radicales atribuidas a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella: una profunda reducción del tamaño del Estado que incluiría la eliminación, fusión o transformación de 23 entidades públicas y la privatización de 39 empresas con participación estatal.
Según el borrador conocido públicamente, el objetivo sería reducir el gasto público en cerca de 20 billones de pesos entre 2026 y 2027 mediante una reestructuración masiva de la administración pública. La iniciativa hace parte de una visión económica basada en la reducción del Estado, la desregulación y una mayor participación del sector privado en actividades que hoy desarrolla el Estado colombiano.
La propuesta ha generado preocupación porque podría afectar entidades encargadas de atender poblaciones vulnerables, víctimas del conflicto, comunidades rurales, programas sociales, cultura, educación, ciencia y desarrollo regional. Además, expertos advierten que una reforma de esta magnitud podría traducirse en miles de despidos de trabajadores públicos y contratistas.
El plan se enmarca dentro de una promesa más amplia de De la Espriella de reducir drásticamente el tamaño del Estado. Su programa de gobierno ha sido comparado por analistas con modelos impulsados por líderes como Javier Milei en Argentina, quienes han promovido cierres de ministerios, privatizaciones y fuertes recortes al gasto público.
Los defensores de la propuesta sostienen que el Estado colombiano es excesivamente burocrático, costoso e ineficiente, y que una reducción de entidades permitiría liberar recursos para inversión y crecimiento económico. Sin embargo, los críticos advierten que el ahorro fiscal podría lograrse a costa de servicios fundamentales para millones de ciudadanos y de la capacidad institucional para atender problemas sociales complejos.
La controversia aumentó porque la propuesta no habla únicamente de ajustes administrativos, sino de una transformación estructural que modificaría el papel del Estado en sectores estratégicos. Diversos sectores políticos y sociales han pedido conocer el listado completo de entidades afectadas y los estudios técnicos que sustentarían una decisión de semejante alcance.
Posibles impactos señalados por críticos
- Miles de empleos públicos podrían desaparecer.
- Programas para víctimas, campesinos, estudiantes y poblaciones vulnerables podrían verse afectados.
- Se reduciría la capacidad estatal en áreas sociales y de desarrollo regional.
- Empresas estratégicas podrían pasar a manos privadas.
- Se abriría uno de los mayores procesos de reestructuración estatal de la historia reciente del país.
